El obispo emérito de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas y Protestantes planteó la necesidad de abrir un debate nacional sobre la situación de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales o enfrentan condiciones de salud graves. Su propuesta busca promover medidas de carácter humanitario sin desconocer las responsabilidades judiciales ni la memoria de las víctimas.
Un llamado a las autoridades del Gobierno, a los sectores de oposición y a la sociedad chilena formuló el obispo evangélico Emiliano Soto, quien propuso considerar la posibilidad de otorgar indultos presidenciales por razones humanitarias a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y otros delitos, especialmente cuando enfrentan enfermedades terminales o condiciones de salud incompatibles con una permanencia digna en recintos penitenciarios.
El planteamiento del obispo emérito de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas y Protestantes busca instalar una reflexión sobre los límites humanitarios del cumplimiento de las condenas y la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones de vida dignas a todas las personas privadas de libertad, independientemente de los delitos por los cuales hayan sido sentenciadas.
En su declaración, Soto sostuvo que Chile necesita avanzar hacia espacios de reconciliación que permitan abordar las consecuencias de su historia reciente sin abandonar los principios de justicia, memoria y respeto por la dignidad humana.
«No podemos ser esclavos del pasado. La memoria de nuestra historia debe servir para aprender y sanar, no para perpetuar el dolor. Mantener una posición intransigente en este tema transforma la justicia en una herramienta de venganza, y la venganza nunca construye paz», expresó el representante religioso.
Sus palabras se enmarcan en un debate de especial sensibilidad para la sociedad chilena, considerando que las condenas por graves violaciones a los derechos humanos forman parte de los procesos judiciales destinados a establecer responsabilidades por hechos ocurridos durante la dictadura militar.
La discusión sobre eventuales beneficios humanitarios para personas condenadas por estos delitos involucra distintas dimensiones jurídicas, políticas y éticas, entre ellas los derechos de las víctimas y sus familiares, las obligaciones internacionales del Estado y las condiciones sanitarias de la población penitenciaria.
Desde su perspectiva religiosa, Soto considera que la aplicación de la justicia debe coexistir con principios de misericordia y compasión, particularmente cuando se trata de personas que se encuentran en etapas avanzadas de enfermedades o enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad.
«Los cristianos no podemos permanecer en silencio mientras hombres y mujeres, más allá de sus culpas y condenas, finalizan sus días privados de dignidad. La fe nos enseña que la misericordia es más fuerte que el rencor, y que la compasión es el verdadero rostro de la justicia», manifestó.
El obispo precisó que su propuesta no pretende desconocer los delitos cometidos ni eliminar las responsabilidades determinadas por los tribunales. Por el contrario, planteó que una sociedad también debe ser capaz de evaluar humanitariamente las circunstancias individuales de quienes cumplen condenas.
«Este llamado no busca borrar responsabilidades ni negar la memoria de las víctimas. Por el contrario, busca afirmar que la grandeza de una nación se mide también por su capacidad de tratar con humanidad a quienes están en el ocaso de su vida», añadió.
El planteamiento introduce una distinción relevante entre el cumplimiento de las sanciones penales y la obligación estatal de proteger la integridad física y la salud de las personas encarceladas. Esta última responsabilidad se mantiene vigente durante toda la condena y comprende el acceso a atención médica, tratamientos adecuados y condiciones compatibles con la dignidad humana.
Sin embargo, cualquier propuesta de indulto para personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos requiere considerar las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico chileno y las obligaciones internacionales relacionadas con la investigación, sanción y reparación de estos delitos.
En Chile, la facultad presidencial de conceder indultos particulares se encuentra regulada por la Constitución y la legislación correspondiente. Su eventual aplicación debe examinarse caso por caso y no supone necesariamente la eliminación de la responsabilidad penal ni de los antecedentes asociados a una condena.
Asimismo, el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad exige especial atención a los estándares internacionales que buscan evitar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Por ello, la posibilidad de establecer medidas humanitarias debe distinguirse jurídicamente de cualquier decisión que pueda afectar el cumplimiento de esas obligaciones.
En este contexto, la propuesta del obispo Soto abre una discusión que trasciende las diferencias políticas y religiosas, al situar en el debate público la atención médica penitenciaria, las condiciones de reclusión y los mecanismos legales disponibles para abordar situaciones de enfermedad grave o terminal.
El representante evangélico invitó a los distintos sectores de la sociedad a considerar caminos de entendimiento que permitan avanzar hacia una convivencia nacional sustentada tanto en la justicia como en el reconocimiento de la dignidad de las personas.
A su juicio, la reconciliación requiere voluntad política y social para abordar asuntos que continúan generando divisiones, sin desconocer los hechos históricos ni las consecuencias que estos han tenido para las víctimas y sus familias.
«El indulto humanitario no es impunidad, es un acto de humanidad que honra la vida y la dignidad de cada persona», sostuvo, al defender el sentido de su propuesta.
En el cierre de su declaración, Soto manifestó su preocupación por el trato que reciben las personas enfermas en los establecimientos penitenciarios y expresó su aspiración de que Chile sea reconocido como una sociedad capaz de combinar justicia y misericordia.
«Que Chile no sea recordado como un país que dejó morir a sus enfermos en condiciones indignas, sino como una nación capaz de mirar hacia adelante con justicia, pero también con misericordia», concluyó.
El llamado plantea así un debate de alcance nacional en el que confluyen la memoria histórica, la responsabilidad penal, los derechos humanos y el deber de garantizar condiciones dignas a quienes permanecen bajo custodia del Estado.
La discusión sobre eventuales indultos humanitarios exige un tratamiento institucional que considere simultáneamente la situación médica individual de las personas condenadas, los derechos de las víctimas y las obligaciones jurídicas del Estado. Cualquier avance en esta materia deberá sustentarse en criterios transparentes, evaluaciones médicas rigurosas y decisiones ajustadas al derecho, evitando que la atención humanitaria se confunda con la eliminación de responsabilidades judicialmente establecidas.
