La Fiscalía Local de Iquique investiga antecedentes remitidos por la COMPIN sobre el presunto uso irregular de licencias médicas de Lucrecia Mena Acosta, actual autoridad regional del Ministerio de la Mujer. Mientras el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a esclarecer los hechos sin distinciones, la cartera de la Mujer entregó antecedentes en defensa de la funcionaria. El caso plantea un desafío para la transparencia institucional y la confianza ciudadana.
La investigación que involucra a la secretaria regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Lucrecia Mena Acosta, ha trascendido el ámbito administrativo para instalar una discusión de interés público sobre la fiscalización de los recursos del Estado, la responsabilidad de quienes ejercen cargos de autoridad y las garantías que deben respetarse durante cualquier procedimiento destinado a establecer eventuales irregularidades.
La controversia surgió tras una fiscalización de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Tarapacá, cuyos antecedentes fueron dados a conocer inicialmente por Radio Paulina. Según esa investigación periodística, el organismo rechazó 18 licencias médicas vinculadas a la actual seremi, al observar presuntas actividades políticas, dirigenciales y comerciales durante períodos de reposo. La mayoría de los hechos examinados corresponde a los años 2022, 2023 y 2024, cuando Mena se desempeñaba como funcionaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
La presidenta regional de COMPIN, Cleopatra Delgado Villavicencio, remitió los antecedentes al Ministerio Público mediante un oficio fechado el 28 de septiembre de 2026. La presentación solicitó investigar posibles hechos constitutivos de delito y contempló gestiones para recuperar subsidios cuya procedencia fue cuestionada administrativamente.
Posteriormente, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente derivó los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá. La investigación quedó radicada en la Fiscalía Local de Iquique, con participación de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. De acuerdo con la información proporcionada por el organismo persecutor a Radio Paulina, la causa se encuentra desformalizada y mantiene carácter reservado.
Esta condición procesal exige una distinción fundamental: la existencia de una investigación penal no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público establecer si existen antecedentes suficientes para avanzar en la persecución penal, mientras que cualquier responsabilidad definitiva deberá determinarse mediante los procedimientos y garantías establecidos por la legislación chilena.
La controversia adquirió una nueva dimensión política el viernes 30 de octubre, cuando el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue consultado sobre la situación durante una visita a Iquique. Tras participar en un Comité Policial Regional, el secretario de Estado sostuvo que la posición gubernamental es investigar los hechos con independencia de la identidad o responsabilidad institucional de las personas involucradas.
“Sea quien sea, hay que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Arrau, vinculando su declaración con el compromiso del Gobierno del presidente José Antonio Kast de actuar frente a eventuales hechos de corrupción.
Sus palabras sitúan el caso en un escenario que requiere coherencia entre el discurso público y las decisiones institucionales. Cuando una investigación involucra a una autoridad en ejercicio, la ciudadanía tiene legítimo interés en conocer cómo se resguardan los procedimientos, qué organismos intervienen y de qué manera se evita que las responsabilidades políticas interfieran en el trabajo de las instituciones fiscalizadoras y judiciales.
Sin embargo, el análisis también debe incorporar la versión entregada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La cartera precisó que 17 de las 18 licencias cuestionadas corresponden al período 2022-2024, cuando Mena trabajaba a contrata en SENAMA. La restante fue emitida en febrero de 2025, ocasión en que, según el ministerio, la actual seremi recibió atención de urgencia en el Hospital de Alto Hospicio por un cuadro de neumonía.
Respecto de una boleta de honorarios emitida durante ese último período de reposo, el ministerio sostuvo que correspondía a una capacitación realizada antes del inicio de la licencia. Asimismo, afirmó que la autoridad no prestó servicios mientras se encontraba con reposo médico.
Estos antecedentes constituyen la posición oficial de la cartera y deberán distinguirse de las conclusiones administrativas atribuidas a COMPIN. La diferencia entre ambas versiones es precisamente una de las materias que requieren esclarecimiento mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
La investigación original de Radio Paulina también permitió establecer que algunos elementos de la denuncia inicial no fueron corroborados. Entre ellos, no se acreditaron viajes al extranjero durante los períodos de licencia médica, mientras que determinadas actividades comerciales mencionadas en la presentación no pudieron vincularse de manera concluyente con la funcionaria. Estos datos son relevantes porque permiten delimitar el alcance de los hechos sometidos a revisión y evitar interpretaciones que excedan los antecedentes disponibles.
Desde una perspectiva social, el caso adquiere especial importancia en un país donde las licencias médicas constituyen un instrumento de protección de la salud y de la seguridad económica de las personas trabajadoras. Su fiscalización debe impedir eventuales abusos, pero también preservar los derechos de quienes requieren legítimamente reposo para enfrentar enfermedades, accidentes o situaciones de maternidad.
La protección de este sistema depende tanto de la correcta utilización de los recursos como de la confianza pública en que las decisiones administrativas se adoptan con criterios técnicos, proporcionales y sin discriminaciones. En consecuencia, investigar posibles irregularidades no debe confundirse con cuestionar de manera generalizada a quienes hacen uso de licencias médicas.
En el plano político, la controversia plantea interrogantes sobre los estándares de probidad exigibles a las autoridades y sobre los mecanismos mediante los cuales el Estado aborda situaciones originadas antes del ejercicio de un cargo gubernamental. La circunstancia de que los hechos investigados correspondan mayoritariamente a una etapa laboral anterior no elimina el interés público del caso, aunque tampoco permite atribuir responsabilidades por anticipado.
También resulta necesario distinguir entre responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y responsabilidad política. Cada una responde a reglas, competencias y estándares diferentes. Una observación de COMPIN puede originar procedimientos de revisión y recuperación de prestaciones; una investigación de Fiscalía busca determinar la eventual existencia de delitos; y las decisiones relativas a la continuidad de una autoridad corresponden a un ámbito institucional distinto.
Para Diario Raíces, el aspecto central de este caso no reside en la militancia política de la funcionaria ni en la confrontación entre sectores partidarios, sino en la necesidad de que las instituciones actúen con transparencia, independencia y respeto por la dignidad de todas las personas involucradas.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que los recursos públicos sean correctamente administrados y que las denuncias fundadas sean investigadas. Del mismo modo, toda persona sometida a una investigación tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, ejercer su defensa y mantener su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que establezca lo contrario.
La declaración del ministro Arrau introduce, además, una responsabilidad pública verificable: que el compromiso de investigar sin distinciones se refleje en actuaciones institucionales consistentes, cualquiera sea la autoridad o el organismo involucrado.
Por ahora, la investigación continúa sin formalización informada públicamente y sin una determinación judicial de responsabilidad. Su evolución dependerá de las diligencias que desarrolle el Ministerio Público y de los antecedentes que puedan aportar las instituciones y las personas involucradas.
Más allá del desenlace particular, el caso de Tarapacá plantea una cuestión de alcance nacional: la confianza en las instituciones se fortalece cuando la fiscalización es rigurosa, la información pública es transparente y las garantías del debido proceso se respetan por igual. La probidad y la presunción de inocencia no son principios contrapuestos; constituyen exigencias complementarias de un Estado democrático que debe responder ante la ciudadanía con responsabilidad, justicia y apego a la ley.
