La Defensoría del Contribuyente abrió una consulta ciudadana para conocer las experiencias de personas y empresas que han solicitado convenios de pago ante la Tesorería General de la República. La iniciativa busca identificar dificultades administrativas, evaluar la claridad de los procedimientos y proponer mejoras que faciliten la regularización de obligaciones tributarias. La participación es anónima y estará disponible hasta el miércoles 28 de octubre de 2026.
Las personas y empresas que han enfrentado dificultades para regularizar deudas tributarias mediante convenios de pago tendrán la oportunidad de aportar sus experiencias a una evaluación nacional impulsada por la Defensoría del Contribuyente (DEDECON). La institución está desarrollando una consulta pública virtual destinada a conocer cómo funcionan estos procedimientos desde la perspectiva de quienes los utilizan y qué obstáculos pueden dificultar el cumplimiento de sus obligaciones ante la Tesorería General de la República (TGR).
La iniciativa surge de la necesidad de examinar situaciones que no siempre resultan evidentes al revisar únicamente las normas y los procedimientos administrativos. Entre ellas se encuentran la comprensión de los requisitos, la información disponible para solicitar un convenio, las condiciones de pago ofrecidas y las dificultades que pueden aparecer durante la tramitación. Los antecedentes recopilados permitirán elaborar un informe técnico con propuestas destinadas a mejorar la atención y fortalecer los derechos de los contribuyentes.
Un convenio de pago es un mecanismo que permite regularizar determinadas deudas tributarias mediante condiciones y cuotas establecidas conforme a la normativa aplicable. Esta alternativa puede resultar especialmente importante para personas naturales, trabajadores independientes, pequeños negocios y empresas que, por dificultades económicas o problemas de liquidez, no han podido cumplir oportunamente con sus obligaciones. Sin embargo, acceder a un convenio no significa que la deuda desaparezca ni que todos los contribuyentes puedan obtener las mismas condiciones, ya que estas dependen de los requisitos legales y de la situación tributaria correspondiente.
Precisamente, uno de los aspectos que busca conocer la Defensoría es si los contribuyentes comprenden adecuadamente estas condiciones antes de iniciar el trámite. La claridad de la información resulta fundamental para evaluar las posibilidades reales de pago, conocer las consecuencias de un eventual incumplimiento y evitar que una solución destinada a regularizar una deuda termine generando nuevas dificultades por falta de orientación.
El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, explicó que la consulta permitirá recoger experiencias concretas de quienes han solicitado o gestionado convenios ante la Tesorería. Según señaló, el objetivo es conocer cómo se desarrolló el procedimiento, cuáles fueron sus resultados y qué situaciones podrían requerir modificaciones para facilitar el cumplimiento tributario.
“Queremos saber cómo ha sido la experiencia, cómo les resultó el proceso y la tramitación. Los antecedentes recopilados serán utilizados como insumo para la elaboración de un Informe Técnico que permita analizar el funcionamiento de estos procedimientos desde la experiencia de quienes los utilizan, considerando aspectos como el acceso a la información, la claridad de los requisitos, las condiciones de pago y las dificultades que pueden surgir durante su tramitación”, explicó Pizarro.
La consulta adquiere relevancia porque las obligaciones tributarias forman parte del funcionamiento económico de personas y empresas, mientras que su incumplimiento puede generar consecuencias financieras y administrativas. En ese escenario, contar con procedimientos comprensibles y accesibles contribuye a que quienes mantienen deudas puedan conocer las alternativas disponibles y evaluar responsablemente sus posibilidades de regularización.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas, esta materia puede tener especial importancia. Un negocio que enfrenta dificultades temporales de ingresos necesita conocer oportunamente las condiciones bajo las cuales podría ordenar sus obligaciones tributarias. La falta de información, los problemas para comprender los requisitos o las dificultades de acceso a los canales de atención pueden representar obstáculos adicionales para quienes intentan mantener sus actividades económicas y cumplir con el Estado.
La situación también involucra a contribuyentes de regiones y localidades alejadas de los principales centros administrativos. Aunque existen plataformas digitales que permiten realizar diversos trámites tributarios, su utilización requiere información clara, conectividad y conocimientos suficientes para completar los procedimientos. Por ello, recoger experiencias de distintos territorios puede contribuir a identificar necesidades que no necesariamente se manifiestan de la misma manera en todo el país.
La Defensoría del Contribuyente es un organismo público creado por la Ley N.º 21.210, encargado de promover y proteger los derechos de los contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria, dentro de las competencias establecidas por la legislación. Entre sus funciones se encuentran la orientación, la asistencia y la elaboración de informes técnicos sobre situaciones que puedan afectar de manera sistemática el ejercicio de esos derechos.
Estos informes permiten estudiar problemas que trascienden los casos individuales. Su elaboración considera antecedentes jurídicos, administrativos y técnicos, además de las experiencias de contribuyentes y especialistas. A partir de ese análisis, la institución puede formular recomendaciones y propuestas de mejora que posteriormente son examinadas con el organismo tributario correspondiente, como el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República o el Servicio Nacional de Aduanas.
En este caso, el informe estará enfocado en los procedimientos relacionados con los convenios de pago de deudas tributarias gestionados ante la TGR. La consulta no constituye una fiscalización individual de quienes respondan ni representa una solicitud automática de modificación de sus obligaciones. Su finalidad es reunir información que permita evaluar el funcionamiento general del sistema y determinar si existen dificultades que requieren atención institucional.
Ricardo Pizarro destacó que conocer las experiencias de los usuarios resulta indispensable para fortalecer la confianza en los procedimientos tributarios y facilitar el cumplimiento voluntario. “Para avanzar hacia un sistema tributario más cercano y eficiente, es fundamental escuchar a quienes realizan estos trámites. Conocer sus experiencias nos permite identificar dificultades que muchas veces no son visibles en los procedimientos y proponer mejoras que faciliten la regularización de deudas, favorezcan el cumplimiento tributario y resguarden los derechos de los contribuyentes”, señaló.
El planteamiento introduce una dimensión relevante para la relación entre el Estado y la ciudadanía. El cumplimiento de las obligaciones tributarias no depende exclusivamente de las facultades de fiscalización y cobro de las instituciones. También requiere procedimientos transparentes, información comprensible y mecanismos que permitan resolver dificultades administrativas dentro del marco legal.
Desde esta perspectiva, la consulta representa una oportunidad para identificar si las herramientas disponibles responden adecuadamente a las necesidades de quienes buscan ponerse al día con sus obligaciones. Las experiencias positivas también pueden aportar información útil, al permitir reconocer prácticas que facilitan la atención y que eventualmente podrían fortalecerse o extenderse a otros procedimientos.
La participación está dirigida a personas naturales y empresas que hayan realizado trámites relacionados con convenios de pago de deudas tributarias ante la Tesorería General de la República. No es necesario que sus experiencias hayan sido negativas, ya que la institución busca conocer diferentes situaciones y resultados. Según informó DEDECON, las respuestas serán anónimas y podrán enviarse mediante el formulario electrónico habilitado para esta consulta.
El plazo para participar finaliza el miércoles 28 de octubre de 2026. Las personas interesadas pueden ingresar al formulario mediante el enlace difundido por la institución: https://tinyurl.com/z3cvrz78. También pueden consultar antecedentes adicionales a través del sitio oficial de la Defensoría del Contribuyente, www.dedecon.cl, donde se informa sobre sus servicios y mecanismos de orientación.
Es importante precisar que responder la consulta no implica solicitar un nuevo convenio, modificar uno existente ni obtener automáticamente rebajas, facilidades de pago o condonaciones. Quienes necesiten realizar gestiones sobre sus deudas deberán utilizar los procedimientos oficiales correspondientes y verificar las condiciones aplicables a su situación.
Una vez finalizado el período de participación, la Defensoría podrá analizar los antecedentes recibidos y utilizarlos como base para su informe técnico. Las eventuales propuestas deberán ser evaluadas por las instituciones competentes, considerando sus atribuciones y el marco normativo vigente. Por lo tanto, la realización de la consulta no garantiza cambios inmediatos, aunque puede contribuir a fundamentar futuras mejoras administrativas.
La convocatoria de la Defensoría del Contribuyente plantea una oportunidad para fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones tributarias mediante la participación directa de quienes conocen estos procedimientos por experiencia propia. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones no significa eliminar las responsabilidades tributarias, sino procurar que existan condiciones claras, accesibles y eficientes para que las personas y empresas puedan regularizar su situación conforme a la ley.
El resultado de esta iniciativa dependerá tanto de la participación ciudadana como de la capacidad institucional para transformar las experiencias recopiladas en recomendaciones útiles. Escuchar a los contribuyentes constituye un primer paso; el desafío posterior será identificar soluciones que permitan mejorar los procedimientos, reducir dificultades innecesarias y fortalecer un sistema tributario que combine el cumplimiento de las obligaciones con el respeto efectivo de los derechos de las personas.
