Una reflexión publicada por el medio digital Cajón del Maipo al Día plantea una interrogante que trasciende las fronteras de esa comuna: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes solicitan el voto ciudadano mediante compromisos que después no se cumplen? La propuesta de establecer consecuencias legales ha generado opiniones contrapuestas y abre una discusión sobre la ética política, las posibilidades reales de gobernar y el derecho de la ciudadanía a exigir explicaciones.
Las campañas electorales suelen estar acompañadas de discursos esperanzadores, proyectos de desarrollo y compromisos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población. Desde la construcción de establecimientos de salud hasta la recuperación de espacios públicos, pasando por la seguridad, el empleo y la educación, las promesas constituyen una parte fundamental de la relación entre candidatos y electores. Sin embargo, cuando transcurre el tiempo y los resultados no llegan, surge una inquietud que muchas personas comparten: ¿qué responsabilidad debería asumir una autoridad cuando no cumple aquello que ofreció para obtener la confianza ciudadana?
Esta interrogante fue planteada por el diario digital Cajón del Maipo al Día, mediante una editorial titulada «¿Deberían ser delito las promesas electorales incumplidas?», acompañada de una afirmación que resume el sentido de su propuesta: «El voto ciudadano no puede seguir siendo un cheque en blanco». El medio propone abrir una discusión nacional sobre la posibilidad de registrar oficialmente los compromisos de campaña ante el Servicio Electoral y establecer mecanismos legales para evaluar eventuales incumplimientos, distinguiendo aquellos derivados de circunstancias justificadas de los que pudieran responder a engaños deliberados.
La iniciativa resulta interesante no solamente por su contenido, sino también por el debate que ha provocado entre lectores con perspectivas diferentes. Algunos consideran necesario establecer sanciones severas para quienes utilizan promesas falsas con fines electorales. Otros recuerdan que gobernar implica enfrentar restricciones presupuestarias, dificultades administrativas y decisiones que dependen de instituciones distintas de la autoridad elegida. También aparecen cuestionamientos sobre el papel de los medios de comunicación, la responsabilidad de los electores y la influencia de las preferencias políticas en la evaluación de una gestión.
Uno de los comentarios recurre a una comparación con el fútbol para explicar cómo las personas juzgan el desempeño de quienes representan sus expectativas. En un partido, el árbitro observa las faltas y aplica las reglas, mientras el público evalúa a los jugadores y al entrenador según su actuación. Un deportista puede gozar de reconocimiento antes del encuentro, pero si su rendimiento resulta deficiente, los aficionados expresarán su decepción. Trasladada a la política, esta reflexión invita a preguntarse quién observa el cumplimiento de los compromisos, cómo se evalúan los resultados y qué herramientas tiene la ciudadanía para expresar su disconformidad antes de una nueva elección.
La analogía permite comprender una dimensión esencial de la democracia: la confianza no debería significar ausencia de evaluación. No obstante, también tiene sus límites. En el deporte, las reglas están previamente establecidas y muchas decisiones se resuelven durante el encuentro. En la administración pública, las responsabilidades son más complejas, los resultados pueden requerir varios años y una misma decisión suele depender de recursos, autorizaciones, acuerdos políticos y condiciones económicas que ninguna autoridad controla por completo.
Precisamente, otro lector introduce una observación que merece atención. Sostiene que numerosos candidatos llegan a sus cargos con la intención de realizar determinadas obras, pero posteriormente descubren que necesitan financiamiento y respaldo de otras instancias del Estado. Desde esa perspectiva, no todo incumplimiento demostraría mala fe. Una promesa podría resultar inviable por falta de presupuesto, cambios de prioridades, emergencias o decisiones de organismos que no dependen directamente de quien asumió el compromiso.
Este argumento obliga a establecer una diferencia fundamental entre prometer irresponsablemente, equivocarse en una proyección y engañar deliberadamente. Las tres situaciones pueden producir decepción ciudadana, pero no tienen el mismo significado ético ni jurídico. Una autoridad que informa oportunamente las razones por las cuales no puede ejecutar un proyecto se encuentra en una situación distinta de quien oculta información, presenta antecedentes falsos o formula compromisos que sabe imposibles de realizar.
La discusión también ha dado lugar a posiciones más severas. Entre las reacciones compartidas aparece una propuesta de aplicar penas de cárcel, multas elevadas, pérdida del cargo e inhabilidades prolongadas para quienes formulen promesas electorales falsas. Aunque refleja una exigencia de mayor responsabilidad política, esta postura plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones, la prueba de la intención de engañar y el riesgo de convertir controversias propias de la actividad democrática en conflictos penales.
En Chile existe un antecedente legal que resulta importante para comprender el debate. La legislación electoral exige que las candidaturas presidenciales presenten un programa con sus principales acciones, iniciativas y proyectos. Esta obligación, contemplada en el artículo 9 del texto refundido de la Ley N.º 18.700, permite que los electores conozcan formalmente las propuestas de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Sin embargo, presentar un programa no significa que cada compromiso se transforme automáticamente en una obligación penalmente exigible.
La Constitución chilena establece garantías esenciales para cualquier sistema de responsabilidad penal. Entre ellas se encuentra el principio de legalidad, que exige que una conducta sancionada esté expresamente descrita por una ley. Por consiguiente, una eventual legislación sobre engaño electoral tendría que definir con precisión qué comportamiento constituye una infracción, qué pruebas serían necesarias y cuáles serían las garantías para evitar denuncias arbitrarias o persecuciones motivadas por diferencias políticas.
Pero la pregunta de fondo puede ser incluso más amplia que la creación de un nuevo delito. ¿Por qué esperar hasta que una promesa se incumpla para comenzar a examinarla? Quizás una parte importante de la solución se encuentre en mejorar la calidad de la información disponible antes de las elecciones, exigiendo que las propuestas relevantes identifiquen sus costos estimados, fuentes de financiamiento, plazos de ejecución y competencias institucionales necesarias para materializarlas.
Una promesa de construir un hospital, por ejemplo, no depende únicamente de la voluntad de un alcalde o de una autoridad regional. Requiere decisiones técnicas, financiamiento, autorizaciones y coordinación con organismos competentes. Informar esas condiciones durante la campaña permitiría distinguir una propuesta seria de una declaración destinada principalmente a generar entusiasmo. También facilitaría que los ciudadanos evaluaran posteriormente si existieron avances reales o si el compromiso carecía de fundamentos suficientes desde su origen.
La transparencia podría fortalecerse mediante sistemas públicos de seguimiento de compromisos electorales, con información periódica sobre su estado de ejecución. En ellos deberían distinguirse las iniciativas cumplidas, las que se encuentran en desarrollo, las modificadas y aquellas que no pudieron concretarse, acompañando cada situación con antecedentes verificables. Una herramienta de esta naturaleza permitiría mejorar la rendición de cuentas sin asumir que todo resultado insatisfactorio constituye una conducta delictiva.
En este proceso, los medios de comunicación tienen una responsabilidad igualmente importante. Una de las opiniones surgidas en el debate cuestiona la independencia de determinadas publicaciones digitales y advierte que las preferencias políticas pueden influir en la manera de presentar los aciertos y errores de las autoridades. Aunque estas apreciaciones no permiten establecer por sí mismas conductas irregulares de medios concretos, recuerdan la necesidad de aplicar criterios periodísticos consistentes, verificar los antecedentes y ofrecer a todas las partes la posibilidad de explicar sus decisiones.
La libertad de expresión permite cuestionar a las autoridades y formular propuestas de reforma institucional. Al mismo tiempo, el ejercicio responsable del periodismo exige diferenciar hechos comprobados, interpretaciones, opiniones y acusaciones. Una publicación no debería convertirse en instrumento de promoción incondicional de una autoridad ni de descalificación sistemática de sus adversarios. Su contribución democrática se fortalece cuando ayuda a comprender los problemas públicos y no solamente a profundizar las diferencias políticas.
La ciudadanía también desempeña un papel decisivo. Votar implica ejercer un derecho, pero la participación democrática no concluye al depositar una papeleta en la urna. Conocer las atribuciones de cada cargo, examinar los programas, solicitar información pública, participar en organizaciones sociales y evaluar periódicamente los resultados son prácticas que permiten fortalecer el control ciudadano sobre las instituciones.
Esta reflexión adquiere especial significado en comunas como San José de Maipo, donde las necesidades territoriales, la conectividad, los servicios y las iniciativas comunitarias forman parte de las preocupaciones cotidianas de sus habitantes. Allí, como en numerosos territorios de Chile, las expectativas frente a las autoridades conviven con el trabajo de organizaciones sociales, dirigentes y voluntarios que contribuyen al bienestar colectivo, muchas veces sin remuneración ni reconocimiento público. Valorar esos esfuerzos también significa reconocer que el desarrollo local es una responsabilidad compartida, aunque ello no exima a las autoridades de responder por sus compromisos.
Conviene recordar, además, que una democracia saludable necesita autoridades capaces de rectificar. No toda modificación de un programa constituye una traición a los electores. En determinadas circunstancias, cambiar una decisión puede ser necesario para proteger el interés público. Lo indispensable es explicar las razones, transparentar los antecedentes y permitir que la ciudadanía examine si la modificación respondió a necesidades legítimas o a una falta de responsabilidad.
La propuesta difundida por Cajón del Maipo al Día tiene, por tanto, el mérito de situar en la conversación pública un asunto que merece ser examinado con seriedad. Su importancia no depende de que finalmente se establezca un nuevo delito, sino de abrir la posibilidad de fortalecer mecanismos que permitan distinguir entre compromisos responsables, errores de gestión y eventuales engaños deliberados. Las sanciones penales, por su gravedad, deberían reservarse para conductas claramente definidas y demostradas conforme al debido proceso.
Tal vez el desafío más importante sea avanzar desde una cultura electoral centrada en anunciar soluciones hacia otra donde también se explique cómo se financiarán, quién tendrá la responsabilidad de ejecutarlas y de qué manera podrán evaluarse. Ello no eliminará las discrepancias ni garantizará el cumplimiento de todos los programas, pero contribuiría a establecer una relación más transparente entre representantes y representados.
La confianza ciudadana no puede sostenerse indefinidamente sobre discursos que desaparecen después de una elección. Tampoco puede construirse una democracia más sólida suponiendo que cada promesa incumplida encierra necesariamente un delito. Entre ambos extremos existe un espacio amplio para la responsabilidad política, la fiscalización institucional, la participación ciudadana y el periodismo independiente.
La pregunta que nace en San José de Maipo merece trascender sus límites territoriales: si el voto es una expresión de confianza, ¿qué mecanismos deberían garantizar que quienes reciben esa confianza expliquen, con hechos y antecedentes verificables, qué hicieron con ella? Quizás la respuesta no consista solamente en castigar las promesas incumplidas, sino en construir una democracia donde prometer exija mayor responsabilidad y gobernar implique rendir cuentas permanentemente.
Por: Equipo Editorial de Diario Raíces
Nota editorial: Este análisis de Diario Raíces toma como punto de partida una reflexión publicada por el medio digital Cajón del Maipo al Día y las opiniones ciudadanas que generó. Su propósito es contribuir a un debate plural e independiente sobre la responsabilidad política, la transparencia y la confianza democrática.
