Presupuesto 2027: Gobierno presenta sus prioridades y anuncia mayor gasto en seguridad, empleo, salud y protección social

El Gobierno ingresó al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, iniciativa que contempla un crecimiento del gasto público de 1,5% respecto del presupuesto de este año y que, de acuerdo con el mensaje presidencial, busca concentrar los recursos del Estado en cuatro áreas consideradas prioritarias: crecimiento, empleo y reconstrucción; seguridad; protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad; y resguardo de los beneficios sociales.

El proyecto corresponde al primer presupuesto de la administración del Presidente José Antonio Kast y fue presentado públicamente por el Mandatario durante una cadena nacional realizada el 30 de septiembre desde Viña del Mar. En su intervención, explicó que la propuesta busca compatibilizar el financiamiento de las principales necesidades sociales con el cumplimiento de las metas fiscales.

Según el mensaje presidencial, el presupuesto 2027 contempla un crecimiento de 1,5% respecto de 2026. El Gobierno señaló que inicialmente se esperaba un aumento del gasto de entre 0% y 1%, pero que decidió incorporar un esfuerzo adicional de medio punto porcentual con el objetivo de impulsar la reactivación, la inversión y el empleo.

La propuesta también incorpora una revisión de los programas públicos. De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, fueron analizados 632 programas correspondientes a 23 ministerios, con el propósito de evaluar su funcionamiento y resultados. El mensaje presidencial señala que los programas considerados efectivos podrán aumentar sus recursos, mientras que aquellos que presenten problemas deberán mejorar antes de recibir financiamiento adicional.

Uno de los argumentos centrales utilizados por el Gobierno para explicar la estructura presupuestaria es la situación de las finanzas públicas. El Presidente sostuvo que durante años el Estado habría gastado por encima de sus ingresos y que el endeudamiento ha generado un aumento del gasto destinado al pago de intereses. Según el mensaje, durante 2026 ese concepto representó el 5,3% del presupuesto.

En materia de crecimiento y empleo, el proyecto considera $9,5 billones, cifra que representa un aumento de 8,1% respecto de este año, según los antecedentes entregados por el Ejecutivo. El Gobierno vinculó estos recursos con la situación del mercado laboral y señaló que actualmente existirían aproximadamente 980 mil personas buscando trabajo sin encontrarlo.

La propuesta contempla además mantener durante 2027 el Plan Chile Despega, anunciado previamente por el Gobierno y que considera $1,3 billones destinados a generar más de 100 mil puestos de trabajo. Asimismo, se propone mantener un presupuesto de $140 mil millones para programas destinados a generar empleo en comunas donde existe una mayor necesidad de oportunidades laborales.

Otro anuncio corresponde a una cartera extraordinaria de 241 obras públicas distribuidas en las distintas regiones del país. De acuerdo con el mensaje presidencial, se trata principalmente de obras de conservación que utilizarán mano de obra local y cuyo inicio se pretende adelantar a enero, con seguimiento individual de cada proyecto.

La reconstrucción también aparece entre las prioridades presupuestarias. El Gobierno informó que se contemplan más de $500 mil millones para las zonas afectadas por catástrofes, incluyendo la creación de un Fondo de Reconstrucción Norte destinado a las regiones de Atacama y Coquimbo. También se contempla mantener recursos para enfrentar los incendios forestales y anticipar acciones para la siguiente temporada.

En vivienda, el proyecto incorpora el primer año del Plan Habitacional de la actual administración, con más de 166 mil subsidios, dentro de una meta de 400 mil soluciones habitacionales comprometidas por el Gobierno. Para pequeños comerciantes, feriantes y emprendedores, en tanto, se anuncia un aumento de 23,5% en los recursos destinados a Sercotec.

Seguridad concentra nuevos recursos

La seguridad constituye la segunda prioridad presentada por el Gobierno. El proyecto contempla $7 billones para esta área, lo que representa, según el Ejecutivo, un aumento de 9,1% respecto de 2026.

Los recursos estarán destinados principalmente a instituciones vinculadas directamente con la prevención, persecución y control del delito. En el caso de Carabineros, el Gobierno señala que se financiarán mil nuevos cupos y que existirá capacidad para formar a más de 3.200 nuevos alumnos. También se contempla equipamiento como chalecos antibalas y cámaras corporales, además de cinco nuevos cuarteles.

Para la Policía de Investigaciones se plantea duplicar los recursos destinados a sus equipos contra el crimen organizado. Gendarmería, por su parte, tendría un crecimiento presupuestario cercano al 18%, destinado principalmente a infraestructura penitenciaria y al fortalecimiento del control dentro de los recintos carcelarios.

El Servicio Nacional de Migraciones también tendría un incremento presupuestario, destinado, según el mensaje presidencial, a financiar expulsiones de personas extranjeras que no tengan derecho a permanecer en Chile. A esto se suma la puesta en marcha de una nueva Fiscalía Supraterritorial orientada a perseguir organizaciones criminales que operen en distintas regiones.

Recursos para niños y adolescentes vulnerables

La tercera prioridad corresponde a la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. El Gobierno informó que este ámbito dispondrá de $2,5 billones, equivalentes a un crecimiento de 4,1% respecto del año anterior.

Dentro de esta área se contempla un aumento de 165% en el fondo destinado al desarrollo de niños que presentan mayores factores de riesgo y la duplicación de las ayudas técnicas para niños con discapacidad, incluyendo elementos como sillas de ruedas y andadores.

El proyecto también considera un incremento de 19,3% para los programas de reparación dirigidos a niños víctimas de maltrato grave o abuso, mientras que los recursos destinados al trabajo con sus familias aumentarían 24,1%. El mensaje presidencial señala que actualmente existirían más de 13 mil niños víctimas de estas situaciones esperando atención.

Pensiones, educación y salud

El cuarto eje planteado por el Ejecutivo corresponde a la protección de los beneficios sociales. En materia de pensiones, el proyecto contempla $7 billones para la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que alcanza a más de 2,2 millones de personas mayores, según los antecedentes entregados por el Gobierno.

La educación aparece como uno de los principales componentes del presupuesto, con $17,3 billones asignados al sector. El mensaje presidencial señala que estos recursos permitirán financiar la educación de más de 3,5 millones de estudiantes, reforzar el apoyo destinado a 2,2 millones de niños y jóvenes y mantener la alimentación escolar para 1,8 millones de estudiantes.

También se contempla un aumento de 2,9% para la Carrera Docente, que alcanzaría a más de 215 mil profesores, mientras que el sistema de gratuidad se mantendría para más de 600 mil estudiantes. El Gobierno también plantea aumentar las becas destinadas a jóvenes que continúan sus estudios después de la enseñanza escolar.

En salud, el presupuesto considera un crecimiento de 4,7%. El Gobierno plantea utilizar estos recursos para reducir los tiempos de espera mediante la compra de prestaciones a clínicas, inversiones en hospitales de mayor complejidad y un mayor financiamiento para consultorios, Cesfam y postas.

La propuesta contempla además cambios en la gestión de Fonasa, una canasta esencial de medicamentos, una ficha clínica compartida entre la red pública y privada y el uso de inteligencia artificial para contribuir a priorizar la atención de pacientes según su nivel de gravedad.

El Gobierno promete mayor control sobre el gasto público

Uno de los componentes transversales del proyecto es el control del gasto estatal. El Presidente señaló que la propuesta busca identificar áreas donde existen gastos que pueden ser reducidos sin afectar los beneficios que la ley garantiza.

Como ejemplo, el mensaje presidencial señala que el Estado habría pagado más de $8 mil millones por sobre los precios de mercado en compras realizadas mediante convenios marco. También plantea que una revisión de los arriendos de oficinas públicas podría generar ahorros de hasta $5 mil millones anuales.

El Gobierno plantea que estas medidas permitirán redirigir recursos hacia servicios públicos, seguridad y oportunidades para las familias, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de las metas fiscales.

Otro cambio anunciado consiste en que los ministerios deberán proyectar sus gastos no solamente para 2027, sino también para los cinco años siguientes. El objetivo declarado es que las decisiones presupuestarias actuales consideren su impacto financiero futuro y permitan asegurar la continuidad de los compromisos asumidos.

Ahora comienza la discusión en el Congreso

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ingresó al Congreso Nacional el 30 de septiembre y será sometido ahora al proceso de discusión parlamentaria. De acuerdo con el propio mensaje presidencial, los parlamentarios disponen de 60 días para analizar y pronunciarse sobre la propuesta.

Esto significa que las cifras y medidas anunciadas por el Gobierno todavía forman parte de un proyecto que deberá ser analizado y discutido por el Poder Legislativo antes de transformarse en la Ley de Presupuestos que regirá durante 2027.

Para la ciudadanía, el presupuesto constituye finalmente la principal herramienta mediante la cual el Estado define cuánto dinero tendrá disponible durante el próximo año y hacia qué áreas serán destinados esos recursos. Por ello, la discusión que comienza en el Congreso determinará si las prioridades anunciadas por el Ejecutivo se mantienen, se modifican o incorporan nuevos elementos durante la tramitación legislativa.

El mensaje presidencial plantea como objetivo que el presupuesto permita avanzar simultáneamente en crecimiento económico, empleo, seguridad, reconstrucción, salud, educación y protección social, bajo una premisa de control del gasto público y responsabilidad fiscal. La evaluación definitiva de esas prioridades quedará ahora en manos del debate legislativo y de la ejecución presupuestaria durante 2027.

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