Los recientes fenómenos climáticos han provocado afectaciones en predios agrícolas de la región, especialmente en sectores dedicados a la producción frutícola. El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, encabezó una reunión de coordinación para dimensionar las pérdidas y analizar eventuales medidas de apoyo. La situación también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre el empleo de temporada y la economía de las comunidades rurales.
Las consecuencias de las recientes lluvias y granizadas registradas en la Región de O’Higgins mantienen en evaluación a las autoridades del sector agrícola, ante la necesidad de establecer la magnitud de los daños productivos y determinar qué medidas podrían contribuir a enfrentar las dificultades que experimentan los agricultores afectados.
En este contexto, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, encabezó una nueva sesión del Comité Regional de Gestión de Riesgo Agrícola (CARGIR), instancia destinada a coordinar el trabajo de los organismos públicos vinculados con la actividad agropecuaria y fortalecer la capacidad institucional de respuesta frente a emergencias climáticas.
La reunión permitió revisar antecedentes recopilados directamente en los predios afectados, junto con información procedente de estaciones meteorológicas, con el propósito de avanzar hacia una evaluación técnica que permita identificar las zonas perjudicadas y establecer la dimensión de las pérdidas.
Uno de los principales desafíos corresponde al comportamiento irregular de las granizadas. A diferencia de otros fenómenos meteorológicos que pueden extenderse sobre grandes superficies, el granizo puede provocar daños considerables en determinados sectores agrícolas mientras predios cercanos presentan afectaciones menores o incluso permanecen sin daños visibles.
Esta característica dificulta realizar estimaciones generales y obliga a desarrollar levantamientos territoriales suficientemente detallados para distinguir las necesidades de cada productor.
El subsecretario Venezian explicó que su visita a la región tuvo como propósito examinar las consecuencias de las recientes contingencias climáticas y revisar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
«Hoy me trasladé a la Región de O’Higgins para abordar diversas materias, especialmente las relacionadas con las últimas contingencias climáticas y sus efectos en el sector agrícola. En este contexto, buscamos evaluar cómo están respondiendo los servicios del agro, como INDAP, CONAF y el SAG, frente a los recientes episodios de lluvias y granizadas que han provocado daños a los agricultores», señaló.
La coordinación involucra al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismos que cumplen funciones diferenciadas dentro del sector y cuya articulación puede contribuir a identificar necesidades de asistencia y prevención.
En el caso de INDAP, su participación adquiere especial relevancia por su vinculación con la agricultura familiar campesina y los pequeños productores, quienes pueden enfrentar mayores dificultades para absorber pérdidas productivas imprevistas.
La situación también plantea desafíos para los agricultores medianos, cuyas actividades dependen de ciclos productivos, compromisos comerciales y costos operacionales que pueden verse alterados por fenómenos meteorológicos.
«Como Ministerio de Agricultura, nuestro objetivo es analizar las medidas de apoyo que estamos implementando para los pequeños agricultores, particularmente aquellos usuarios de INDAP, así como para los productores medianos. También buscamos identificar las herramientas disponibles para fortalecer la prevención y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante futuros eventos climáticos», afirmó Venezian.
Hasta el momento, los antecedentes comunicados se concentran en la evaluación de los daños y en el análisis de posibles mecanismos de apoyo. Por ello, resulta importante distinguir entre las medidas que se encuentran en estudio y aquellas que eventualmente sean anunciadas y formalizadas por las autoridades.
La producción frutícola constituye una actividad económica relevante para O’Higgins, región donde numerosos predios participan en cadenas de producción, procesamiento, transporte y comercialización de alimentos.
Los daños ocasionados por granizadas pueden afectar directamente la calidad comercial de la fruta, su rendimiento y las posibilidades de cumplir con determinados estándares de mercado. La magnitud de estas consecuencias depende, entre otros factores, del estado de desarrollo de los cultivos y de la intensidad del fenómeno meteorológico.
En consecuencia, las pérdidas no necesariamente se limitan a los frutos dañados. También pueden repercutir sobre los ingresos esperados, la planificación de cosechas y la contratación de servicios asociados a la actividad agrícola.
Esta situación explica que las autoridades hayan considerado la necesidad de coordinar acciones con las secretarías regionales ministeriales del Trabajo y de Economía.
El propósito es monitorear los eventuales efectos de las pérdidas productivas sobre el empleo agrícola de temporada, especialmente en un territorio donde numerosas familias dependen de las oportunidades laborales vinculadas con las cosechas y otras actividades del sector.
La preocupación resulta relevante porque la actividad agrícola mantiene una relación directa con el funcionamiento económico de las localidades rurales. Una disminución importante de la producción puede repercutir sobre trabajadores temporales, transportistas, pequeños prestadores de servicios y comercios que dependen indirectamente de las temporadas agrícolas.
Sin embargo, mientras no concluya el levantamiento de información, no corresponde establecer cifras definitivas de pérdidas económicas, hectáreas afectadas o empleos comprometidos.
La necesidad de contar con antecedentes precisos constituye uno de los principales desafíos de la respuesta institucional. Una evaluación territorial adecuada permite identificar situaciones de mayor vulnerabilidad y orientar los recursos disponibles conforme a las características de cada afectación.
Tras la reunión del comité regional, el subsecretario Venezian se trasladó junto a la delegada presidencial regional, Susana Pinto, hasta el sector de Lo de Lobos, en la comuna de Rengo, donde visitaron a productores de cerezas afectados por el reciente evento climático.
La actividad permitió conocer directamente las dificultades que enfrentan agricultores de la zona y complementar los antecedentes técnicos con la experiencia de quienes desarrollan su actividad productiva en los territorios perjudicados.
La visita adquiere importancia porque las decisiones sobre eventuales apoyos requieren considerar las condiciones concretas de los predios, las etapas productivas y las posibilidades de recuperación de los cultivos.
La producción de cerezas, como otras actividades frutícolas, puede resultar especialmente sensible a determinados fenómenos meteorológicos durante etapas críticas de floración y desarrollo de los frutos.
Por esta razón, los efectos de una granizada deben analizarse mediante evaluaciones agronómicas específicas, evitando asumir que todos los predios presentan las mismas pérdidas o posibilidades de recuperación.
La jornada de trabajo también incorporó materias relacionadas con la prevención de incendios forestales, considerando la proximidad de la temporada de mayor riesgo.
Venezian señaló que aprovechó su visita para reforzar el programa de control de incendios presentado previamente junto al Presidente de la República, iniciativa que contempla acciones preventivas y mecanismos de coordinación destinados a mejorar la preparación institucional.
La coincidencia entre las afectaciones provocadas por lluvias y granizadas y la necesidad de prepararse para los incendios forestales evidencia la diversidad de amenazas que pueden enfrentar los territorios agrícolas durante distintas épocas del año.
Desde una perspectiva de gestión pública, estos escenarios refuerzan la importancia de desarrollar sistemas de prevención que integren información meteorológica, planificación territorial, protección de infraestructura productiva y mecanismos oportunos de asistencia.
La adaptación frente a fenómenos climáticos adversos constituye un desafío creciente para la agricultura. No obstante, las características de cada episodio requieren evaluaciones específicas y no permiten atribuir automáticamente un evento aislado a una causa climática determinada.
Lo que sí resulta evidente es la necesidad de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los productores y de las instituciones encargadas de acompañarlos.
Entre las herramientas que pueden contribuir a ese objetivo se encuentran los sistemas de alerta temprana, el acceso a información meteorológica, los seguros agrícolas cuando corresponda y las inversiones orientadas a reducir la vulnerabilidad de los cultivos.
Su aplicación, sin embargo, debe considerar las diferencias existentes entre pequeños, medianos y grandes productores, así como las posibilidades reales de financiamiento y acceso a tecnologías.
En este contexto, la reunión del Comité Regional de Gestión de Riesgo Agrícola representa una etapa importante del proceso de evaluación, aunque sus resultados deberán traducirse posteriormente en decisiones concretas si se confirman necesidades de asistencia.
Para las comunidades rurales, la oportunidad de esas decisiones puede resultar tan relevante como el alcance de las medidas que finalmente se adopten.
La emergencia agrícola que enfrenta la Región de O’Higgins recuerda que detrás de cada predio afectado existen familias, trabajadores y actividades económicas que dependen de la continuidad de la producción. La evaluación de daños constituye el primer paso para comprender la situación, pero también abre el desafío de responder con criterios de equidad, oportunidad y responsabilidad pública.
La experiencia plantea una reflexión de mayor alcance: proteger la agricultura no significa únicamente resguardar cultivos o inversiones productivas. También implica reconocer su contribución al empleo, la seguridad alimentaria y la estabilidad de las comunidades rurales, cuya capacidad de recuperación depende tanto del esfuerzo de sus habitantes como de la eficacia de las políticas de prevención y apoyo.
Artículo periodístico especial de elaboración exclusiva para Diario Raíces.
