Argentina propuso reunir en Buenos Aires, durante noviembre, a los países que integran el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La iniciativa, impulsada desde Chile, reúne actualmente a siete Estados y contempla cuatro áreas de cooperación destinadas a fortalecer la seguridad, la inteligencia financiera, el control migratorio y la fiscalización fronteriza. Para la macroregión andina, el desafío representa una oportunidad de mejorar la coordinación entre instituciones sin afectar el tránsito legítimo de personas ni las actividades económicas que conectan a los territorios.
América del Sur se prepara para una nueva instancia de coordinación internacional frente al avance de la delincuencia organizada transnacional, una amenaza que ha adquirido creciente importancia en las agendas de seguridad de los gobiernos y que plantea desafíos compartidos para las instituciones encargadas de proteger a la población. Durante noviembre, Argentina podría convertirse en sede de una reunión de alto nivel destinada a evaluar los avances del Compromiso Regional de Santiago, mecanismo de cooperación que busca transformar los acuerdos políticos en medidas operativas capaces de enfrentar organizaciones criminales que actúan más allá de las fronteras nacionales.
La iniciativa fue adoptada el 28 de mayo de 2026 en Santiago, durante un encuentro de autoridades de Relaciones Exteriores y Seguridad de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Posteriormente se incorporaron Paraguay y Uruguay, ampliando a siete el número de países participantes. Su propósito es fortalecer la coordinación entre los Estados mediante el intercambio de información, la cooperación institucional y el desarrollo de acciones conjuntas que permitan responder a fenómenos delictivos que utilizan las diferencias normativas y territoriales para ampliar sus operaciones.
El compromiso alcanzó un nuevo nivel de desarrollo el 23 de septiembre, cuando representantes de los siete gobiernos participaron en una reunión realizada en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General. En esa oportunidad, los jefes de Estado de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, junto con los cancilleres de Argentina y Ecuador, reafirmaron la voluntad de avanzar en la implementación de un plan de acción que permita establecer responsabilidades, prioridades y resultados verificables.
La reunión confirmó la existencia de un grupo de trabajo organizado en cuatro áreas: seguridad; inteligencia financiera y tributaria; trazabilidad y control migratorio; y control y fiscalización fronteriza. Estas mesas deberán identificar medidas de cooperación entre las instituciones competentes de los países participantes y contribuir a la elaboración de un Plan de Acción Conjunto. La estructura busca abordar el fenómeno criminal desde distintas dimensiones, reconociendo que la persecución de delitos transnacionales no puede depender exclusivamente de controles policiales o intervenciones fronterizas.
Uno de los aspectos relevantes del acuerdo es la importancia asignada a la inteligencia financiera. Las organizaciones criminales requieren mecanismos para obtener, trasladar, ocultar y utilizar recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, por lo que el seguimiento de operaciones sospechosas constituye una herramienta fundamental para identificar estructuras que pueden permanecer activas incluso después de la detención de algunos de sus integrantes. La cooperación entre organismos tributarios, unidades de análisis financiero y autoridades investigadoras puede contribuir a establecer conexiones entre operaciones desarrolladas en diferentes jurisdicciones.
La dimensión financiera también plantea desafíos relacionados con la protección de datos, el intercambio seguro de información y las garantías legales aplicables a las investigaciones. La efectividad de estos mecanismos dependerá de la capacidad de las instituciones para compartir antecedentes pertinentes, respetando las competencias nacionales y evitando que las medidas de control se traduzcan en obstáculos injustificados para las actividades comerciales legítimas. En economías regionales caracterizadas por el intercambio internacional de mercancías, la precisión de estos procedimientos resulta especialmente importante.
La segunda dimensión estratégica corresponde a la trazabilidad y el control migratorio. Su incorporación reconoce la necesidad de mejorar la identificación de movimientos vinculados con redes criminales, sin confundir la movilidad humana con la delincuencia. El tránsito de personas entre países constituye una realidad histórica, económica y familiar en América del Sur, particularmente en las zonas fronterizas donde existen relaciones comerciales, culturales y comunitarias que anteceden a los actuales mecanismos de integración.
Por ello, una cooperación migratoria eficaz debe distinguir entre desplazamientos regulares, situaciones de vulnerabilidad y actividades efectivamente relacionadas con organizaciones delictivas. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, requieren capacidades de investigación especializadas y mecanismos de protección para las víctimas. La sola intensificación de controles documentales no garantiza resultados si no está acompañada de información confiable, coordinación judicial y procedimientos que permitan identificar a quienes organizan y financian estas actividades.
La fiscalización fronteriza constituye otra de las prioridades del compromiso. Chile, Perú, Bolivia y Argentina comparten una extensa red de pasos internacionales y corredores terrestres que conectan puertos, centros productivos, localidades rurales y mercados regionales. Esta configuración territorial representa una oportunidad para el desarrollo económico y la integración, pero también exige coordinación para prevenir el aprovechamiento de las rutas comerciales por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
En el norte de Chile, la relevancia de esta cooperación resulta particularmente evidente. La Región de Tarapacá mantiene vínculos económicos y territoriales con Bolivia y Perú, además de una actividad logística asociada al puerto de Iquique, la Zona Franca y el transporte internacional. En ese contexto, el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad debe considerar simultáneamente la prevención del delito, la facilitación del comercio formal y las necesidades de las comunidades que dependen de la circulación transfronteriza.
La experiencia de los territorios fronterizos demuestra que las decisiones adoptadas en las capitales pueden tener consecuencias directas sobre transportistas, comerciantes, trabajadores, familias y comunidades indígenas que mantienen relaciones permanentes entre países vecinos. Por esta razón, el desarrollo del Plan de Acción Conjunto representa una oportunidad para incorporar criterios territoriales que permitan identificar las particularidades de cada frontera, evitando soluciones uniformes que no necesariamente responden a las condiciones locales.
El compromiso también contempla una dimensión institucional vinculada con la prevención de la corrupción, la transparencia y la integridad pública. Estas materias adquieren importancia porque las organizaciones criminales pueden intentar aprovechar debilidades administrativas, diferencias regulatorias y mecanismos de contratación o fiscalización insuficientes. Una estrategia regional sostenible requiere fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de investigar delitos, controlar operaciones económicas y garantizar el cumplimiento de la legislación.
En agosto, la Cancillería chilena encabezó la constitución formal del grupo de trabajo regional, con la participación de representantes de los países involucrados. La reunión contó con una convocatoria cercana a cien participantes y permitió establecer las bases para el funcionamiento de las cuatro mesas técnicas. También se recordó el plazo de 180 días contemplado en el compromiso para evaluar avances, mientras la Secretaría Técnica quedó encargada de consolidar la información y distribuirla entre los Estados participantes.
La próxima reunión de alto nivel adquiere relevancia porque podría permitir pasar de la organización inicial de las mesas a una evaluación más concreta de sus propuestas. Durante el encuentro de septiembre, Argentina ofreció a Buenos Aires como sede para noviembre y planteó asumir la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría Técnica. Este mecanismo de conducción rotatoria busca dar continuidad a la coordinación regional y evitar que el funcionamiento del compromiso dependa exclusivamente de las prioridades de un solo gobierno.
La eventual conducción argentina también permitirá observar cómo se desarrolla la cooperación entre administraciones que mantienen diferencias políticas en otros ámbitos. El combate contra la delincuencia organizada constituye una materia donde los intereses permanentes de los Estados pueden generar espacios de entendimiento, incluso cuando existen discrepancias ideológicas o diplomáticas. La continuidad institucional será, por tanto, uno de los elementos que permitirán evaluar la solidez del mecanismo.
Desde el punto de vista jurídico, el Compromiso Regional de Santiago tiene naturaleza política y programática. No constituye por sí mismo una legislación supranacional ni entrega automáticamente nuevas facultades a las policías, fiscalías o autoridades migratorias. Su implementación deberá desarrollarse conforme a los marcos normativos de cada país y a los compromisos internacionales vigentes, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo.
Esta precisión resulta fundamental para comprender sus alcances. El acuerdo establece una orientación compartida y mecanismos de coordinación, pero su efectividad dependerá de las decisiones administrativas, los recursos disponibles y las medidas operativas que adopten las instituciones competentes. El propio documento original plantea que las acciones deben ser concretas, medibles y verificables, criterio que permitirá evaluar si la cooperación produce resultados más allá de las declaraciones diplomáticas.
La iniciativa también se diferencia del denominado Escudo de las Américas, mecanismo de cooperación en seguridad impulsado por Estados Unidos. Aunque ambos espacios abordan amenazas relacionadas con la delincuencia organizada, presentan orígenes, estructuras y alcances diferentes. El Compromiso Regional de Santiago surgió de una coordinación entre gobiernos sudamericanos y contempla un sistema propio de trabajo técnico y conducción rotatoria. Por ello, corresponde analizar sus resultados de manera independiente, sin atribuirle decisiones o capacidades que pertenecen a otras iniciativas internacionales.
La relación entre ambos mecanismos, así como con los instrumentos existentes en el Mercosur y la Comunidad Andina, plantea un desafío de coordinación. La creación de nuevas instancias puede contribuir a mejorar la cooperación, pero también exige evitar duplicidades y establecer procedimientos claros para compartir información. En ese sentido, el Compromiso de Santiago reconoce expresamente la conveniencia de aprovechar las experiencias acumuladas en otros espacios regionales y promover su complementariedad.
Para los países de la macroregión andina, esta articulación podría adquirir una importancia especial. Chile, Bolivia y Perú comparten territorios donde la circulación de personas, mercancías y servicios forma parte de la vida cotidiana, mientras Argentina mantiene conexiones estratégicas con estos países mediante corredores comerciales y mecanismos de integración económica. Una respuesta coordinada frente a la delincuencia organizada puede fortalecer la seguridad regional si logra combinar capacidades de investigación, cooperación judicial y conocimiento de las realidades territoriales.
No obstante, los resultados deberán evaluarse con criterios objetivos. La cantidad de reuniones realizadas o de declaraciones suscritas no permite determinar, por sí sola, la efectividad de una política pública. Será necesario conocer qué medidas se acuerdan, qué instituciones asumirán su ejecución, cuáles serán los mecanismos de seguimiento y cómo se informará a la ciudadanía sobre los avances obtenidos.
La transparencia también será relevante para mantener la confianza pública. La seguridad constituye una preocupación legítima de las comunidades, pero las estrategias destinadas a fortalecerla deben desarrollarse con respeto a los derechos fundamentales, la protección de la información personal y las garantías del debido proceso. La cooperación internacional adquiere mayor legitimidad cuando sus procedimientos permiten identificar responsabilidades y evaluar resultados sin comprometer los principios que sustentan el Estado de derecho.
La reunión prevista para noviembre representa una oportunidad para que los siete países participantes consoliden una agenda de cooperación sostenida frente a organizaciones criminales que operan mediante redes financieras, tecnológicas y logísticas de alcance internacional. Su principal desafío será demostrar que la coordinación política puede traducirse en acciones institucionales capaces de mejorar la seguridad de las personas y fortalecer las capacidades de los Estados.
Para Chile y sus países vecinos, especialmente en los territorios andinos y fronterizos, el Compromiso Regional de Santiago abre una etapa que merece seguimiento público. La cooperación contra la delincuencia organizada no debe entenderse únicamente como una respuesta policial, sino también como un esfuerzo de fortalecimiento institucional que permita proteger a las comunidades, preservar las actividades económicas legítimas y consolidar relaciones de confianza entre países que comparten historia, territorios e intereses de desarrollo.
La verdadera trascendencia del encuentro de Buenos Aires no estará solamente en la presencia de las autoridades, sino en la capacidad de establecer compromisos verificables y mecanismos de cooperación que permanezcan activos más allá de las reuniones diplomáticas. Frente a una delincuencia que no reconoce fronteras, el desafío de los Estados sudamericanos será construir respuestas coordinadas que tampoco queden limitadas por ellas.
