En un acto oficial celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo ofreció disculpas públicas a cinco autoridades indígenas que enfrentaron procesos penales tras encabezar las movilizaciones de 2023 en defensa de los resultados electorales. El reconocimiento estatal llega después del cierre judicial de las causas y abre un nuevo debate sobre los derechos de los pueblos originarios, la independencia de la justicia y las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.
El Estado de Guatemala reconoció públicamente el daño ocasionado a autoridades ancestrales y dirigentes indígenas que fueron sometidos a procesos penales por su participación en las movilizaciones ciudadanas de 2023, desarrolladas en defensa de los resultados electorales y del respeto a la voluntad popular.
La disculpa fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo de León durante una ceremonia solemne realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, en cumplimiento de una resolución judicial que ordenó al Estado reconocer las consecuencias de la persecución penal ejercida contra cinco representantes de organizaciones indígenas.
El acto constituye un acontecimiento significativo para los pueblos originarios de Guatemala, cuyas autoridades comunitarias desempeñaron un papel relevante durante la crisis política e institucional que siguió a las elecciones presidenciales de 2023.
Las movilizaciones se desarrollaron después de que el Ministerio Público, entonces dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, impulsara actuaciones judiciales que fueron cuestionadas por distintos sectores nacionales e internacionales debido a sus posibles consecuencias sobre la continuidad del proceso democrático.
En ese escenario, autoridades indígenas de diferentes territorios encabezaron jornadas de protesta pacífica, bloqueos y concentraciones ciudadanas para exigir el respeto a los resultados electorales y la preservación del orden constitucional.
Durante la ceremonia, el mandatario guatemalteco reconoció que las instituciones encargadas de proteger los derechos de la ciudadanía habían actuado contra quienes ejercieron su derecho a manifestarse. «El Estado, en lugar de reconocerlos y protegerlos, los criminalizó utilizando maliciosamente el derecho penal a través del Ministerio Público y del sistema de justicia», declaró Arévalo.
Las disculpas estuvieron dirigidas a Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y María Juana Elías, vinculados con la organización ancestral de los 48 Cantones de Totonicapán, así como a Esteban Toc, representante de la Municipalidad Indígena de Sololá.
Estas autoridades enfrentaron acusaciones por delitos de terrorismo, sedición y asociación ilícita, formuladas en el contexto de las movilizaciones desarrolladas durante la crisis política.
Las consecuencias de los procesos fueron especialmente graves para algunos de los involucrados.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán permanecieron aproximadamente quince meses en prisión preventiva en el centro de detención militar Mariscal Zavala, ubicado en la capital guatemalteca.
Por su parte, Esteban Toc y Basilio Puac estuvieron sometidos a arresto domiciliario, mientras que María Juana Elías permaneció fuera del país hasta que concluyeron los procedimientos judiciales.
Las restricciones a la libertad, la separación de sus comunidades y las consecuencias familiares y personales de las acusaciones formaron parte del contexto que motivó el reconocimiento público del Estado.
El cierre definitivo de los procesos fue confirmado mediante resoluciones judiciales emitidas el 11 y el 25 de septiembre de 2026, después de que las autoridades jurisdiccionales desestimaran los cargos al no encontrar pruebas suficientes de actividades ilícitas vinculadas con las protestas pacíficas.
La decisión judicial permitió poner término a los procedimientos y abrió el camino para el acto de disculpa pública realizado en octubre.
Durante la ceremonia, Luis Pacheco destacó que las movilizaciones indígenas no tuvieron como propósito favorecer a una organización política determinada, sino defender el derecho de la ciudadanía a que se respetaran los resultados de las elecciones. «Defendimos un derecho inherente al pueblo, no fue por un gobierno ni por un partido; la dignidad del pueblo no tiene precio y no se vende», expresó el dirigente.
Sus declaraciones reflejaron uno de los planteamientos centrales sostenidos por las autoridades ancestrales durante las movilizaciones: la defensa de la voluntad popular como un principio que debe prevalecer sobre los intereses partidarios.
La participación de los pueblos indígenas en los acontecimientos de 2023 adquirió especial relevancia por la capacidad de convocatoria y organización demostrada por sus autoridades tradicionales.
Los 48 Cantones de Totonicapán constituyen una estructura histórica de organización comunitaria del pueblo maya k’iche’, reconocida por su papel en la representación territorial, la defensa de derechos colectivos y la articulación de decisiones comunitarias.
Su participación en las movilizaciones permitió visibilizar la importancia que mantienen las formas propias de organización indígena en la vida política y social de Guatemala.
La experiencia también evidenció que las autoridades ancestrales pueden desempeñar funciones de representación y movilización ciudadana que trascienden sus comunidades de origen.
Durante el acto, la dirigente maya k’iche’ María Juana Elías destacó las dificultades particulares que enfrentan las mujeres indígenas cuando ejercen responsabilidades de liderazgo y participan en la defensa de derechos colectivos. «Fui criminalizada por ser mujer y autoridad, pero aquí estoy con la frente en alto porque defender nuestros derechos y el territorio no es un delito», manifestó.
Sus palabras incorporaron una dimensión adicional al reconocimiento estatal, relacionada con la participación de las mujeres indígenas en los espacios de decisión y con la necesidad de enfrentar las formas de discriminación y estigmatización que pueden afectar su ejercicio del liderazgo.
La dirigente también llamó a poner término a las prácticas que presentan la organización y la movilización de los pueblos originarios como amenazas, cuando se desarrollan dentro del marco de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
El caso adquiere importancia en el contexto de los compromisos internacionales asumidos por Guatemala en materia de derechos humanos y pueblos indígenas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala, reconoce derechos vinculados con la identidad cultural, la participación y las instituciones propias de los pueblos indígenas.
Asimismo, los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen las libertades de expresión, reunión pacífica y participación en los asuntos públicos, cuya protección constituye una obligación de los Estados.
El ejercicio de estos derechos no excluye la aplicación de la legislación cuando existan hechos constitutivos de delito, pero exige que las actuaciones judiciales se sustenten en antecedentes suficientes y respeten las garantías del debido proceso.
En este contexto, la utilización del derecho penal contra dirigentes comunitarios por su participación en manifestaciones pacíficas plantea interrogantes sobre los límites del poder estatal y la necesidad de prevenir actuaciones que puedan restringir injustificadamente las libertades fundamentales.
La actuación del Ministerio Público guatemalteco durante la crisis electoral de 2023 fue objeto de cuestionamientos internacionales.
Consuelo Porras, quien encabezó la institución entre 2018 y 2026, fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a actuaciones que dichas autoridades consideraron perjudiciales para la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
Estas sanciones reflejaron la preocupación internacional existente durante el período, aunque deben distinguirse de las resoluciones judiciales específicas que posteriormente permitieron cerrar las causas contra las autoridades indígenas.
El reconocimiento presentado por el presidente Arévalo representa, por tanto, una respuesta institucional a los daños derivados de procedimientos que afectaron a dirigentes comunitarios.
Sin embargo, una disculpa pública no elimina automáticamente las consecuencias personales, familiares y sociales de los períodos de encarcelamiento, las restricciones de libertad o el desplazamiento forzado.
La reparación de estos efectos requiere considerar las medidas que correspondan conforme a las resoluciones judiciales y a los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico.
Durante la ceremonia, el Gobierno guatemalteco expresó su compromiso de promover garantías destinadas a evitar nuevas situaciones de criminalización de autoridades comunitarias por el ejercicio de la protesta pacífica.
También anunció la intención de fortalecer espacios permanentes de diálogo con los pueblos indígenas, reconociendo la necesidad de mejorar la relación entre las instituciones estatales y las estructuras tradicionales de representación.
El cumplimiento de estos compromisos será fundamental para determinar si el reconocimiento público se traduce en cambios institucionales sostenidos.
Para los pueblos originarios de América Latina, el acontecimiento posee una dimensión que supera las fronteras guatemaltecas.
En distintos países de la región, las comunidades indígenas mantienen procesos de defensa de sus territorios, identidades culturales, recursos naturales y derechos colectivos, utilizando mecanismos de organización y representación propios.
La experiencia guatemalteca demuestra la importancia de distinguir entre la legítima aplicación de la ley y el uso de procedimientos penales que puedan afectar injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales.
También permite reflexionar sobre la necesidad de reconocer a las autoridades ancestrales como interlocutores válidos en los asuntos públicos, respetando las particularidades institucionales y culturales de cada país.
La disculpa pública del Estado de Guatemala representa un reconocimiento institucional del daño sufrido por cinco autoridades indígenas que participaron en la defensa de los resultados electorales de 2023. Más allá del acto ceremonial, el desafío será garantizar que los derechos de participación, organización y manifestación pacífica puedan ejercerse sin persecuciones indebidas. La experiencia deja una enseñanza para toda América Latina: la fortaleza de una democracia también se expresa en su capacidad para reconocer errores, reparar injusticias y respetar a los pueblos que forman parte de su diversidad histórica y cultural.