Un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa en Bogotá puso en evidencia una realidad que durante décadas ha permanecido normalizada en numerosos espacios de trabajo periodístico: comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, conductas intimidatorias y respuestas que minimizan las denuncias. Los testimonios de reconocidas periodistas y especialistas internacionales abren una reflexión sobre la responsabilidad de los medios, la protección de sus trabajadoras y la necesidad de garantizar entornos laborales donde informar no implique soportar situaciones de acoso.
El periodismo tiene entre sus responsabilidades fundamentales investigar los abusos, fiscalizar a quienes ejercen autoridad y contribuir a que las personas conozcan situaciones que afectan sus derechos. Sin embargo, esa misión enfrenta una contradicción cuando las propias organizaciones informativas reproducen prácticas de discriminación, hostigamiento o acoso contra quienes trabajan en ellas. La distancia entre los principios que se defienden públicamente y las conductas que se toleran internamente constituye uno de los desafíos más delicados para la credibilidad de la prensa.
Esta problemática volvió a ocupar un lugar destacado durante un panel sobre acoso sexual en las redacciones, desarrollado el 25 de octubre de 2026 en Bogotá, en el marco de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El encuentro reunió a las periodistas colombianas Jineth Bedoya y Claudia Palacios, a la exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, y a la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Bibiana Aído. La conversación fue moderada por Graciela Rock, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP.
Los testimonios expuestos permitieron comprender cómo determinadas conductas pueden permanecer durante años dentro de una organización sin recibir el reconocimiento ni la respuesta que corresponde. Comentarios sobre la apariencia física, insinuaciones no deseadas, miradas intimidatorias o expresiones aparentemente humorísticas pueden configurar situaciones de hostigamiento cuando vulneran la dignidad de las personas o generan ambientes laborales ofensivos. Su gravedad no desaparece porque quienes las realizan las presenten como bromas o porque hayan sido toleradas durante mucho tiempo.
Claudia Palacios recordó que, al comenzar su trayectoria profesional, algunos compañeros se referían a ella mediante un apodo relacionado con su cuerpo, en lugar de utilizar su nombre. También relató que, cuando manifestó incomodidad por la conducta de un trabajador, recibió respuestas que trasladaban la responsabilidad hacia su apariencia física. Aquellas experiencias reflejan una forma de normalización que puede llevar a las víctimas a desarrollar mecanismos individuales de defensa en lugar de encontrar protección institucional.
Uno de los aspectos más significativos de su intervención fue reconocer que durante años aprendió a convivir con esas situaciones porque consideraba que formaban parte del ambiente profesional. Con el tiempo comprendió que no se trataba de una condición inevitable del ejercicio periodístico. Posteriormente, al asumir responsabilidades directivas, esa experiencia influyó en su convicción de que las denuncias de trabajadoras jóvenes no podían continuar siendo desestimadas mediante explicaciones que justificaran las conductas denunciadas.
La reflexión permite identificar un problema que trasciende las experiencias individuales. Cuando una organización considera normales determinadas expresiones o comportamientos, las personas afectadas pueden sentir que denunciar tendrá consecuencias negativas para su carrera, sus relaciones laborales o su estabilidad económica. El silencio, en esas circunstancias, no necesariamente representa aceptación, sino que puede ser resultado del temor, la desigualdad de poder o la ausencia de mecanismos confiables de protección.
Durante el encuentro, Graciela Rock destacó la importancia de reconocer que muchas periodistas podrían identificarse con las experiencias relatadas. Su observación remite a una realidad que no se limita a Colombia ni a los grandes medios de comunicación. En redacciones pequeñas, medios regionales, plataformas digitales y organizaciones periodísticas independientes también pueden existir relaciones jerárquicas y condiciones laborales que dificulten expresar una denuncia sin temor a represalias.
Catalina Botero puso el énfasis en la necesidad de que los protocolos institucionales estén acompañados de voluntad efectiva para aplicarlos. Una organización puede disponer de reglamentos, procedimientos y canales formales de denuncia, pero estos pierden su utilidad cuando quienes deben recibir los antecedentes minimizan los hechos, carecen de independencia o no garantizan un tratamiento oportuno e imparcial.
Esta observación resulta especialmente importante porque la prevención del acoso no depende exclusivamente de contar con documentos administrativos. Requiere formación permanente, responsabilidades claramente establecidas, procedimientos conocidos por todos los trabajadores y medidas que protejan tanto a quienes denuncian como las garantías de las personas denunciadas. Investigar con seriedad también significa evitar conclusiones anticipadas y asegurar que cada situación sea examinada conforme a los antecedentes disponibles.
En el panel se abordaron, además, denuncias que han involucrado a reconocidos profesionales de medios colombianos. Estos casos han impulsado discusiones sobre la respuesta de las empresas periodísticas y la necesidad de disponer de mecanismos de investigación que no dependan exclusivamente de las relaciones personales o del reconocimiento público de quienes pudieran estar involucrados. La notoriedad profesional no debería constituir un privilegio frente a una denuncia, del mismo modo que toda persona señalada tiene derecho a un procedimiento justo.
Jineth Bedoya, cuya trayectoria ha estado vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres periodistas, sostuvo que los medios deben reconocer las situaciones de acoso existentes en sus espacios laborales y aplicar los estándares internacionales de protección. Su planteamiento conecta directamente la dignidad de las trabajadoras con la calidad del ejercicio informativo: una periodista que enfrenta intimidación, discriminación o amenazas puede encontrar limitaciones para desarrollar libremente su trabajo.
La directora regional de ONU Mujeres, Bibiana Aído, amplió esta preocupación hacia las agresiones que se producen en entornos digitales. Durante su intervención citó un dato según el cual el 45 % de las periodistas opta por autocensurarse frente a ataques en internet. Aunque esa proporción debe interpretarse conforme a la metodología del estudio del que procede, el fenómeno descrito representa una amenaza para la libertad de expresión, especialmente cuando las agresiones buscan impedir que las mujeres investiguen, opinen o participen en asuntos de interés público.
El acoso contra las periodistas presenta, por tanto, una doble dimensión. Por una parte, afecta sus derechos como trabajadoras y personas. Por otra, puede perjudicar el derecho de la sociedad a recibir información diversa e independiente. Cuando una profesional abandona una investigación, evita determinados temas o decide retirarse de un espacio informativo por temor a sufrir nuevas agresiones, las consecuencias pueden extenderse a las audiencias y al debate democrático.
En América Latina, esta discusión adquiere especial relevancia por la diversidad de condiciones en que se desarrolla el periodismo. Las diferencias salariales, la contratación precaria, la concentración de decisiones editoriales y la dependencia económica de determinados puestos pueden aumentar la vulnerabilidad frente a comportamientos abusivos. Por ello, las medidas de prevención deben considerar no solamente las grandes empresas informativas, sino también los medios comunitarios, regionales y digitales.
Chile dispone de un marco normativo que ofrece una referencia importante para esta discusión. La Ley N.º 21.643, conocida como Ley Karin, fortaleció las obligaciones de prevención, investigación y sanción del acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Sus disposiciones obligan a empleadores y organizaciones comprendidas en su ámbito de aplicación a adoptar medidas de protección y procedimientos adecuados, lo que también resulta pertinente para las empresas de comunicación.
Sin embargo, la existencia de una legislación no garantiza por sí sola la transformación de las prácticas laborales. La efectividad de estas normas depende de que los trabajadores conozcan sus derechos, las denuncias reciban una respuesta oportuna y las instituciones actúen con imparcialidad. También exige comprender que la prevención no puede reducirse a una reacción posterior a los hechos, sino que debe formar parte de la cultura cotidiana de las organizaciones.
La responsabilidad de los directivos y editores resulta fundamental. Quienes conducen un medio no solamente toman decisiones sobre contenidos informativos, sino que también influyen en las condiciones bajo las cuales trabajan sus equipos. Promover relaciones respetuosas, evitar expresiones discriminatorias y establecer canales de comunicación confiables son acciones necesarias para construir ambientes donde las personas puedan desarrollar sus funciones sin sentirse amenazadas o desprotegidas.
Existe, además, una dimensión ética que merece atención. Los medios de comunicación suelen exigir transparencia, responsabilidad y coherencia a las autoridades públicas. Esa exigencia adquiere mayor legitimidad cuando las organizaciones periodísticas están dispuestas a aplicar principios equivalentes dentro de sus propias estructuras. La independencia editorial no debería confundirse con ausencia de responsabilidad institucional, ni la libertad de expresión con tolerancia frente a conductas que vulneran los derechos de otras personas.
El encuentro de Bogotá también recordó que romper el silencio constituye apenas una primera etapa. Escuchar a quienes denuncian, garantizar investigaciones serias, adoptar medidas de protección y prevenir nuevas situaciones requiere decisiones sostenidas. La transformación de una cultura laboral no se consigue mediante declaraciones ocasionales, sino a través de prácticas verificables y compromisos que se mantengan en el tiempo.
Para el periodismo latinoamericano, el desafío consiste en avanzar hacia organizaciones donde las nuevas generaciones no deban aprender a soportar situaciones de hostigamiento como una condición para desarrollar su vocación. El talento, la capacidad profesional y la responsabilidad informativa deberían ser los criterios que determinen las oportunidades de crecimiento, sin que el género o la apariencia física se conviertan en motivos de descalificación, intimidación o trato desigual.
La conversación impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa deja una enseñanza que merece extenderse a todas las organizaciones informativas, independientemente de su tamaño o alcance territorial. Defender la libertad de prensa implica proteger a quienes ejercen el periodismo, garantizar sus derechos y construir condiciones que permitan investigar e informar con autonomía.
Una sociedad necesita medios capaces de denunciar los abusos, pero también necesita que esos mismos medios estén dispuestos a reconocer y corregir las prácticas que puedan producirse dentro de sus propias redacciones. La credibilidad periodística no depende únicamente de la calidad de las noticias publicadas, sino también de la coherencia entre los valores que se defienden y el respeto que reciben quienes hacen posible la información.
La pregunta que permanece abierta después del encuentro en Bogotá no es solamente cuántas periodistas han sufrido situaciones de acoso durante su trayectoria. Es, sobre todo, cuántas organizaciones están verdaderamente preparadas para escucharlas, protegerlas y garantizar que ninguna profesional deba elegir entre su dignidad y su derecho a ejercer el periodismo.