La presidenta Keiko Fujimori anunció la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios tras visitar la megacárcel CECOT de El Salvador. Una de las prisiones estará destinada a internos de alta peligrosidad, mientras la segunda incorporará programas de trabajo. La iniciativa abre un debate sobre los límites de las políticas de seguridad, las garantías fundamentales y la necesidad de combatir las organizaciones criminales sin debilitar el Estado de derecho.
El Gobierno peruano anunció una nueva etapa de su política penitenciaria mediante la construcción de dos establecimientos carcelarios, uno de ellos inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La iniciativa fue presentada por la presidenta Keiko Fujimori durante una visita oficial a El Salvador, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana frente a la expansión de las extorsiones, los homicidios y las organizaciones criminales.
El anuncio se produjo el 29 de octubre, después de que la mandataria recorriera las instalaciones del CECOT, ubicado en Tecoluca, y sostuviera una reunión bilateral con Bukele. Durante su visita, Fujimori destacó las características de seguridad del establecimiento y expresó su intención de estudiar algunas de las medidas aplicadas en El Salvador para incorporarlas al sistema penitenciario peruano.
Según explicó la presidenta, el primer recinto estará destinado a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y tendrá características de aislamiento y control semejantes a las del modelo salvadoreño. El segundo albergará a internos de menor riesgo y contemplará talleres productivos y un programa denominado Cero Ocio, orientado a promover actividades laborales dentro de las instalaciones penitenciarias.
La propuesta se suma a seis establecimientos carcelarios cuya construcción se encuentra pendiente de culminación en Perú. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de avanzar en estas obras, todavía no se han precisado públicamente todos los antecedentes relativos a su ubicación, capacidad, financiamiento y calendario de ejecución.
La iniciativa responde a una preocupación que ha adquirido creciente relevancia en la sociedad peruana: la utilización de establecimientos penitenciarios como espacios desde los cuales determinadas organizaciones criminales continúan coordinando delitos. La extorsión contra comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, junto con los asesinatos vinculados a redes delictivas, ha incrementado la demanda de medidas eficaces de protección ciudadana.
En ese contexto, Fujimori planteó que las cárceles deben cumplir su función de custodia y ejecución de penas, impidiendo que las personas recluidas mantengan mecanismos de comunicación destinados a dirigir actividades criminales fuera de los establecimientos. Entre las medidas que su administración estudia figuran mayores restricciones de comunicación, controles tecnológicos y vigilancia perimetral.
La mandataria también destacó la experiencia salvadoreña en la construcción acelerada de infraestructura penitenciaria y el intercambio de conocimientos entre ambos países. Sin embargo, reconoció que cualquier iniciativa deberá examinarse considerando la legislación peruana y las características de su propio sistema judicial.
La experiencia de El Salvador ha despertado interés internacional debido a la reducción de los homicidios y al debilitamiento de estructuras pandilleras que durante décadas ejercieron violencia y control territorial. El Gobierno de Nayib Bukele presenta estos resultados como parte de una transformación de la seguridad pública, respaldada por un amplio despliegue policial, militar y penitenciario.
No obstante, el modelo también ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias, dificultades de acceso a la defensa, restricciones a la comunicación familiar y presuntos malos tratos dentro de los centros de detención. Estas observaciones han situado la experiencia salvadoreña en el centro de un debate internacional sobre la relación entre eficacia de las políticas de seguridad y protección de las garantías fundamentales.
La diferencia entre ambos enfoques no debería reducirse a una confrontación entre quienes demandan mayor seguridad y quienes defienden los derechos humanos. La protección de la vida, la integridad y la libertad de las personas constituye una obligación esencial del Estado, al igual que la prevención de los delitos y la persecución de quienes integran organizaciones criminales.
Desde esa perspectiva, el desafío para Perú será determinar qué componentes del modelo salvadoreño pueden contribuir a mejorar la seguridad penitenciaria sin trasladar prácticas incompatibles con su Constitución, sus obligaciones internacionales y los principios que regulan el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Una cárcel de máxima seguridad puede incorporar sistemas tecnológicos para impedir comunicaciones ilícitas, reforzar la vigilancia y establecer mecanismos de clasificación según el nivel de riesgo. Sin embargo, estas medidas requieren procedimientos claros, supervisión institucional y controles que permitan prevenir abusos o restricciones desproporcionadas.
La construcción de nuevas prisiones tampoco resolverá por sí sola los problemas estructurales de la delincuencia organizada. Su efectividad dependerá de una estrategia más amplia que incluya inteligencia criminal, investigación financiera, persecución del lavado de activos, fortalecimiento policial, protección de víctimas y cooperación internacional.
En Perú, además, el sistema penitenciario enfrenta desafíos relacionados con el hacinamiento, las condiciones materiales de reclusión y la necesidad de desarrollar programas de rehabilitación. Por ello, la decisión de construir un segundo establecimiento con talleres productivos introduce una dimensión distinta: la posibilidad de combinar seguridad con actividades orientadas a la reinserción social.
La existencia de regímenes penitenciarios diferenciados puede permitir una administración más adecuada de los establecimientos, siempre que la clasificación de las personas internas responda a criterios objetivos y revisables. No todas las personas privadas de libertad presentan el mismo nivel de riesgo ni requieren idénticas medidas de custodia.
El intercambio de experiencias entre Perú y El Salvador también refleja una tendencia regional hacia una mayor cooperación frente a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, las respuestas de seguridad deben adaptarse a las realidades institucionales, jurídicas y sociales de cada país, evitando asumir que una política aplicada en determinado contexto producirá necesariamente los mismos resultados en otro.
La visita de Fujimori y los acuerdos de cooperación anunciados con el Gobierno salvadoreño constituyen, por ahora, el punto de partida de una propuesta que deberá traducirse en proyectos concretos, decisiones presupuestarias y mecanismos de supervisión. La evaluación pública de sus resultados requerirá conocer no solamente cuántas personas pueden ser recluidas, sino también si las nuevas instalaciones contribuyen efectivamente a reducir los delitos organizados desde las prisiones.
En el plano político, la decisión presidencial plantea un desafío adicional: responder a la legítima demanda ciudadana de seguridad sin transformar el debate penitenciario en una disputa ideológica. La lucha contra el crimen organizado exige continuidad institucional, coordinación entre los poderes del Estado y políticas capaces de sostenerse más allá de los períodos gubernamentales.
Para América Latina, donde numerosas comunidades enfrentan los efectos de la violencia, la extorsión y la presencia de redes criminales, la experiencia peruana podría convertirse en un nuevo escenario de evaluación sobre los alcances y límites de las políticas de endurecimiento penitenciario.
La seguridad ciudadana y el respeto de los derechos humanos no constituyen objetivos incompatibles. Una política pública responsable debe proteger a las víctimas, impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles y garantizar que toda medida estatal se aplique dentro de la legalidad.
La construcción de las nuevas prisiones anunciadas por Keiko Fujimori abrirá, por tanto, una etapa de decisiones que deberán ser examinadas por sus resultados concretos. El verdadero desafío no estará únicamente en levantar establecimientos de máxima seguridad, sino en demostrar que una respuesta firme frente al crimen organizado puede desarrollarse con instituciones eficaces, justicia independiente y respeto permanente por la dignidad humana.
