El Gobierno anunció que pretende abrir cinco nuevas oportunidades de desarrollo del mineral estratégico durante el próximo año, una vez que concluyan las autorizaciones de otros cinco proyectos actualmente en tramitación. La estrategia busca fortalecer la inversión privada, agilizar los permisos y ampliar la capacidad productiva nacional, en un escenario donde también adquieren importancia la protección ambiental, las comunidades y los beneficios económicos para los territorios.
Chile prepara una nueva etapa para su industria del litio, uno de los recursos minerales de mayor importancia para la fabricación de baterías, la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento energético. El Gobierno del presidente José Antonio Kast proyecta convocar durante 2027 a licitaciones para aproximadamente cinco nuevos proyectos, con el propósito de incrementar la producción nacional y ampliar la participación del sector privado.
El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante una entrevista concedida a la agencia Reuters en Londres, en el marco de la London Metal Exchange Week, encuentro internacional que reúne a representantes de la industria minera, inversionistas y operadores de los mercados de metales.
La autoridad explicó que la administración busca introducir cambios en la forma de impulsar nuevos desarrollos mineros, otorgando mayor protagonismo a las empresas privadas y reduciendo los tiempos asociados con los procesos de autorización.
De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es elevar la producción chilena desde aproximadamente 300 mil toneladas métricas anuales hasta unas 700 mil toneladas en un horizonte estimado de cinco a diez años.
La proyección representa un incremento superior al doble del volumen señalado como referencia por el ministro, aunque su cumplimiento dependerá de factores como la aprobación de proyectos, la disponibilidad de inversiones, la capacidad tecnológica, las condiciones del mercado internacional y las exigencias ambientales.
Uno de los aspectos centrales del anuncio es que las futuras licitaciones no corresponden a los mismos cinco proyectos que actualmente se encuentran en etapas avanzadas de tramitación.
Según Mas, el Gobierno espera concluir primero las autorizaciones de cinco iniciativas que serían operadas íntegramente por empresas privadas. Posteriormente, durante los primeros meses de 2027, buscaría iniciar nuevos procesos para incorporar aproximadamente otros cinco proyectos.
Esta distinción resulta importante, porque el anuncio no significa que diez operaciones estén autorizadas para comenzar inmediatamente su producción. Se trata de iniciativas en diferentes etapas administrativas y de planificación, cuyos plazos deberán definirse conforme a sus respectivos procedimientos.
La política representa un cambio de énfasis respecto de la Estrategia Nacional del Litio presentada en 2023 por el Gobierno de Gabriel Boric, que promovió una mayor participación estatal y el desarrollo de asociaciones público-privadas para expandir la industria.
La actual administración plantea reforzar el liderazgo empresarial en nuevos proyectos, sin que ello elimine las obligaciones regulatorias ni las atribuciones que corresponden al Estado sobre este recurso estratégico.
Chile mantiene una posición relevante en el mercado internacional del litio, aunque enfrenta una competencia creciente de otros países productores y de nuevas tecnologías de extracción y procesamiento.
Actualmente, la producción comercial del mineral en el país se concentra principalmente en las operaciones de SQM, vinculada mediante una asociación con Codelco, y de la estadounidense Albemarle, ambas con presencia en el Salar de Atacama.
La ampliación de la industria hacia nuevos territorios constituye uno de los principales desafíos para diversificar la producción y evitar que su crecimiento dependa exclusivamente de las operaciones existentes.
En ese contexto, durante octubre el Ministerio de Minería informó avances en la tramitación de Contratos Especiales de Operación de Litio, conocidos como CEOL, instrumentos necesarios para habilitar determinadas actividades de exploración y explotación del mineral bajo las condiciones establecidas por el Estado.
Entre las iniciativas mencionadas por el biministro figuran proyectos vinculados con Ollagüe, Ascotán y Laguna Verde, cuyos contratos fueron ingresados a la Contraloría General de la República, junto con otros procesos que continúan en preparación.
Estos antecedentes muestran que la expansión del litio no depende únicamente de anuncios de inversión, sino también de la conclusión de procedimientos administrativos, evaluaciones técnicas y autorizaciones sectoriales.
Un ejemplo de incorporación de nuevos actores se produjo el 25 de agosto de 2026, cuando el Ministerio de Minería informó la firma de un CEOL con la empresa Quiborax en la Región de Arica y Parinacota.
La iniciativa contempla una inversión estimada en 70 millones de dólares y busca recuperar litio desde residuos mineros, mediante un modelo de economía circular que podría producir hasta 20 mil toneladas de carbonato de litio.
Este proyecto representa una alternativa distinta de los sistemas tradicionales de explotación de salmueras y refleja el interés por desarrollar nuevas tecnologías que permitan aprovechar recursos existentes.
Otro componente de la estrategia gubernamental es la reducción de los tiempos de tramitación de permisos.
Durante su participación en Londres, Daniel Mas sostuvo que los plazos asociados con determinados recursos y apelaciones administrativas se han reducido en un 80 %, mientras que durante 2026 se habrían aprobado 22 proyectos mineros por un monto cercano a los 3 mil millones de dólares.
Estas cifras corresponden a antecedentes comunicados por la autoridad y deberán analizarse considerando los procedimientos específicos incluidos en la medición, para evitar interpretar la reducción como aplicable a todas las autorizaciones mineras.
El ministro también señaló que el Gobierno estableció un mecanismo de seguimiento mediante un comité económico integrado por doce ministros, que se reúne cada quince días para revisar el avance de proyectos de inversión e identificar eventuales dificultades administrativas.
La finalidad declarada es entregar mayor previsibilidad a las decisiones públicas y reducir períodos de espera que pueden afectar la ejecución de inversiones.
No obstante, la agilización de los procedimientos plantea la necesidad de mantener mecanismos efectivos de evaluación ambiental, fiscalización y participación ciudadana.
La industria del litio se desarrolla en ecosistemas que pueden presentar condiciones especialmente sensibles, como salares y cuencas altoandinas, donde el agua, la biodiversidad y las actividades tradicionales de las comunidades requieren atención permanente.
En el norte de Chile, particularmente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Arica y Parinacota, la discusión sobre nuevos proyectos mineros también involucra aspectos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, el uso de los recursos hídricos y la distribución territorial de los beneficios económicos.
La expansión productiva deberá considerar las obligaciones de consulta indígena cuando corresponda, conforme a la normativa aplicable y a los compromisos internacionales asumidos por Chile.
Asimismo, será relevante conocer los sistemas de extracción que se proyecten utilizar, sus requerimientos de agua y energía, las medidas de seguimiento ambiental y las condiciones establecidas para prevenir o mitigar impactos.
Desde la perspectiva económica, una mayor producción de litio podría fortalecer las exportaciones, ampliar las oportunidades de inversión y generar actividad en sectores asociados con ingeniería, transporte, servicios especializados y desarrollo tecnológico.
Sin embargo, los beneficios efectivos dependerán de la rentabilidad de los proyectos, los precios internacionales del mineral, las condiciones contractuales y la capacidad de vincular la actividad extractiva con proveedores, trabajadores e instituciones nacionales.
El mercado del litio presenta fluctuaciones que pueden modificar significativamente las expectativas de inversión. Por ello, una expansión de la capacidad productiva no garantiza automáticamente un aumento proporcional de los ingresos fiscales o de las utilidades empresariales.
También adquiere importancia la posibilidad de incorporar mayor valor agregado mediante investigación, innovación y nuevas capacidades industriales, evitando que el desarrollo del sector se limite exclusivamente a la extracción y exportación de materias primas.
Durante su gira en Londres, el biministro participó en encuentros con empresas mineras y tecnológicas internacionales, en una agenda destinada a fortalecer el posicionamiento de Chile como destino de inversiones vinculadas con minerales críticos.
El Ministerio de Minería informó que estas actividades incluyeron la presentación de una cartera de inversiones por aproximadamente 105 mil millones de dólares, correspondiente a una agenda más amplia de proyectos mineros y no exclusivamente a iniciativas de litio.
La estrategia gubernamental también deberá enfrentar el desafío de mejorar la competitividad del país frente a otras jurisdicciones que buscan atraer capitales para el desarrollo de recursos estratégicos.
En este escenario, el cumplimiento de las metas dependerá tanto de la velocidad de los procedimientos como de la estabilidad normativa, la disponibilidad de infraestructura y la confianza de inversionistas y comunidades.
La decisión de preparar nuevas licitaciones de litio para 2027 abre una oportunidad para ampliar la participación de Chile en una industria relevante para la transición energética mundial. Sin embargo, el verdadero alcance de esta política no se medirá únicamente por el número de contratos adjudicados o por las toneladas producidas. También dependerá de su capacidad para generar desarrollo territorial, incorporar innovación, proteger los ecosistemas y asegurar que la riqueza mineral contribuya de manera efectiva al bienestar de las comunidades y al crecimiento sostenible del país.
