Organizaciones de la Nación Chiquitana aprobaron una resolución que exige detener la deforestación, revisar la expansión agroindustrial y minera y fortalecer la protección de las fuentes hídricas en el departamento de Santa Cruz. La iniciativa surge en medio de advertencias sobre los efectos de los incendios forestales, la transformación de los ecosistemas y la creciente presión sobre los recursos naturales de una región estratégica para el equilibrio ambiental sudamericano.
La preocupación por la disponibilidad de agua y el deterioro de los ecosistemas ha llevado a organizaciones indígenas de la Chiquitanía boliviana a adoptar una posición conjunta frente al avance de las actividades agroindustriales, ganaderas y mineras. Mediante una resolución aprobada durante un encuentro realizado los días 23 y 24 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, representantes comunitarios declararon sus territorios libres de extractivismo agroindustrial y minero, solicitando a las autoridades medidas destinadas a proteger los bosques, las fuentes de agua y las condiciones de vida de sus habitantes.
La declaración fue adoptada durante el encuentro denominado «Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano», que reunió a organizaciones territoriales, representantes de mujeres indígenas, especialistas ambientales y defensores de los recursos naturales. La instancia permitió examinar las consecuencias de la deforestación, los incendios forestales y la expansión de determinadas actividades económicas sobre una región caracterizada por su diversidad ecológica y su importancia para las comunidades que dependen directamente de los recursos del territorio.
Entre las organizaciones participantes figuran la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV) y la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (CCICH-T), junto con representantes de otras comunidades de las provincias Chiquitos, Velasco y Ñuflo de Chávez. La participación de estas organizaciones permitió articular preocupaciones territoriales que, aunque presentan características particulares, comparten la necesidad de garantizar el acceso al agua y preservar los ecosistemas que sostienen las actividades comunitarias.
La resolución aprobada contempla ocho puntos y solicita detener la deforestación masiva, así como suspender nuevas autorizaciones de desmontes, dotaciones de tierras, derechos mineros y otras operaciones extractivas que las organizaciones consideran perjudiciales para sus territorios. Las demandas están dirigidas a instituciones nacionales, departamentales y municipales, entre ellas el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Desde una perspectiva jurídica, la declaración constituye un pronunciamiento colectivo de las organizaciones firmantes y una expresión de sus demandas territoriales. Su aprobación no significa que las actividades agroindustriales o mineras hayan quedado automáticamente prohibidas por disposición legal, puesto que las autorizaciones existentes y las competencias de fiscalización corresponden a los organismos establecidos en la legislación boliviana. Sin embargo, el documento representa una señal de preocupación comunitaria que plantea la necesidad de revisar las decisiones sobre el uso del territorio y sus consecuencias ambientales.
Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la relación entre la expansión ganadera y la disponibilidad de recursos hídricos. Según los antecedentes expuestos por Rafael Rojas, consultor externo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la población bovina nacional habría aumentado desde aproximadamente 4,6 millones hasta 11,1 millones de cabezas de ganado, con una concentración cercana a cinco millones en Santa Cruz y alrededor de 3,4 millones en Beni. Estas cifras fueron utilizadas durante la jornada para examinar la transformación de los territorios destinados a la actividad pecuaria y sus posibles efectos sobre los ecosistemas.
El crecimiento ganadero constituye una actividad económica relevante para Bolivia, pero también plantea desafíos relacionados con la demanda de agua, la disponibilidad de pasturas y los cambios en la cobertura vegetal. Cuando la ampliación de las áreas productivas implica sustituir bosques por otros usos del suelo, pueden modificarse procesos ecológicos vinculados con la conservación de la humedad, la biodiversidad y el funcionamiento de las cuencas. No obstante, determinar el impacto específico de cada actividad sobre las fuentes utilizadas por las comunidades requiere estudios técnicos que consideren las características de cada territorio.
La expansión de cultivos agroindustriales, particularmente de soya, también fue abordada por los participantes como parte de las transformaciones que experimenta la Chiquitanía. Las organizaciones indígenas consideran necesario evaluar los efectos acumulados de estas actividades, especialmente cuando coinciden con periodos de sequía, incendios forestales y dificultades de abastecimiento. La preocupación no se limita a la cantidad de agua disponible, sino también a su calidad y a las condiciones que permiten mantener las actividades agrícolas tradicionales y otras prácticas vinculadas con la subsistencia comunitaria.
En el ámbito científico, una de las principales advertencias estuvo relacionada con las consecuencias de los incendios forestales y la deforestación sobre las reservas subterráneas de agua. La hidrogeóloga Mónica Guzmán, de la Universidad Católica Boliviana, explicó que los incendios pueden alterar las propiedades de determinados suelos y dificultar la infiltración de las precipitaciones, proceso necesario para contribuir a la recarga de algunos acuíferos.
De acuerdo con la especialista, la acumulación de cenizas y los cambios físicos que experimenta la superficie del terreno después de un incendio pueden favorecer la formación de costras que reducen la capacidad de infiltración. Este fenómeno podría incrementar la vulnerabilidad de localidades como San José de Chiquitos, donde la disponibilidad de agua subterránea representa un componente importante para el abastecimiento. También advirtió que algunas reservas presentan limitaciones naturales relacionadas con su composición y salinidad, factores que deben considerarse al evaluar alternativas de aprovechamiento.
La situación adquiere especial relevancia por los antecedentes de incendios forestales registrados en la Chiquitanía durante 2019 y 2024, episodios que afectaron extensas superficies de vegetación y generaron preocupación por la recuperación de los ecosistemas. Aunque los efectos de estos eventos dependen de la intensidad del fuego, las condiciones geológicas y las características de cada suelo, los especialistas coinciden en la importancia de desarrollar sistemas de monitoreo que permitan comprender los cambios ambientales a mediano y largo plazo.
La protección de los bosques también fue analizada desde una perspectiva regional. Sara Crespo, directora de Probioma, destacó la importancia ecológica de la Chiquitanía por su ubicación entre grandes sistemas naturales sudamericanos y su relación con las cuencas del Amazonas y del Plata. Esta condición convierte a la región en un territorio de especial interés para comprender los vínculos entre la cobertura forestal, los ciclos del agua y la conservación de ecosistemas que trascienden los límites administrativos.
La transformación de territorios con vocación forestal hacia actividades agrícolas y ganaderas puede modificar las condiciones ambientales que permiten mantener determinados procesos naturales. Por ello, las organizaciones participantes solicitaron medidas orientadas a conservar nacientes de agua, cabeceras de cuenca, humedales, corredores ecológicos y zonas de recarga hídrica, además de fortalecer los mecanismos de restauración en áreas afectadas por la degradación ambiental.
La resolución también plantea ampliar el acceso público a la información ambiental y promover sistemas de vigilancia comunitaria. Estas propuestas buscan que las poblaciones puedan conocer los antecedentes relacionados con autorizaciones productivas, evaluaciones de impacto y eventuales afectaciones sobre sus fuentes de agua. La disponibilidad de información verificable constituye un elemento importante para facilitar la participación ciudadana y permitir que las controversias territoriales se aborden mediante procedimientos institucionales transparentes.
Entre los conflictos específicos examinados durante el encuentro figura la situación del río San Lorenzo, en el territorio indígena Turubó Este. Las comunidades han denunciado afectaciones relacionadas con actividades privadas y solicitaron al Tribunal Agroambiental una decisión oportuna respecto de un recurso de casación identificado con el expediente N.º 6755/2026. El abogado ambientalista Rodrigo Herrera, citado en la cobertura de la Agencia de Noticias Ambientales, cuestionó la demora en la tramitación del caso y destacó la importancia de garantizar los derechos de las comunidades involucradas.
El pronunciamiento también expresó respaldo a las demandas relacionadas con la protección del agua en Chochis y Lomerío, a las acciones impulsadas por organizaciones de mujeres indígenas frente a los incendios forestales y a las denuncias sobre fumigaciones aéreas en las proximidades de comunidades de San Ignacio de Velasco. Aunque estas situaciones responden a circunstancias diferentes, las organizaciones las incorporaron a una agenda compartida que busca fortalecer la defensa territorial y la protección de los recursos naturales.
La participación de las mujeres indígenas constituyó uno de los componentes destacados del encuentro. Representantes de comunidades de San Rafael, San Ignacio, Roboré, San Javier y Turubó Este, entre otras localidades, participaron en las deliberaciones desarrolladas en el Salón Mahatma Gandhi de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con apoyo de Probioma, CEDIB, PROCESO Servicios Educativos y la carrera de Sociología de esa casa de estudios.
Su presencia permitió incorporar experiencias comunitarias relacionadas con el acceso al agua, la protección de los territorios y las dificultades que enfrentan las familias cuando disminuye la disponibilidad de recursos naturales. En numerosos contextos rurales, las alteraciones en el abastecimiento pueden repercutir sobre la preparación de alimentos, la higiene, las actividades productivas y la organización cotidiana de los hogares, convirtiendo la seguridad hídrica en una preocupación que supera ampliamente el ámbito ambiental.
Desde una perspectiva económica y social, el debate plantea la necesidad de compatibilizar las actividades productivas con la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. La agricultura, la ganadería y la minería forman parte de las actividades económicas de Bolivia, pero su desarrollo requiere mecanismos de planificación, evaluación y fiscalización capaces de prevenir daños y abordar los conflictos que puedan surgir por el uso de recursos compartidos.
En ese sentido, las demandas indígenas no eliminan la necesidad de analizar las distintas posiciones involucradas. Las decisiones sobre el territorio deben considerar tanto las necesidades de desarrollo económico como las obligaciones de protección ambiental, el acceso al agua y los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. La existencia de intereses diferentes hace especialmente importante disponer de información científica confiable, procedimientos de participación y mecanismos institucionales que permitan resolver controversias sin profundizar las tensiones sociales.
La legislación boliviana contempla instrumentos destinados a regular la protección ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales. En su resolución, las organizaciones solicitaron investigar las denuncias de afectación y aplicar las medidas que correspondan conforme a la Ley del Medio Ambiente N.º 1333, la Ley Forestal N.º 1700 y otras disposiciones vigentes. La aplicación de estas normas corresponde a las autoridades competentes y requiere establecer los hechos y responsabilidades mediante los procedimientos respectivos.
La situación de la Chiquitanía también invita a observar un desafío compartido por numerosos territorios de América Latina: la necesidad de fortalecer la gestión del agua frente a las transformaciones productivas, los incendios forestales y la degradación de ecosistemas. Aunque cada región presenta condiciones ambientales y jurídicas diferentes, la experiencia demuestra la importancia de anticipar los riesgos y considerar las necesidades de las poblaciones que dependen directamente de los recursos naturales.
La declaración de las organizaciones indígenas chiquitanas constituye, por tanto, una expresión de preocupación territorial que busca situar la protección del agua y los bosques entre las prioridades de las decisiones públicas. Más allá de las medidas solicitadas, el pronunciamiento plantea la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar el conocimiento científico de las cuencas y garantizar que las comunidades participen en los procesos que pueden afectar sus condiciones de vida.
El desafío para las autoridades bolivianas será evaluar estas demandas mediante instrumentos técnicos y jurídicos adecuados, promoviendo soluciones que reconozcan la importancia de las actividades económicas sin desconocer la función ambiental de los territorios. En una región donde los bosques, el agua y las comunidades mantienen relaciones estrechas, las decisiones que se adopten tendrán consecuencias no solamente para la producción actual, sino también para la capacidad de las próximas generaciones de habitar y aprovechar sosteniblemente sus territorios.
La experiencia de la Chiquitanía recuerda que la protección de las fuentes de agua constituye una responsabilidad compartida. Su conservación requiere conocimiento científico, participación comunitaria y decisiones públicas capaces de equilibrar las necesidades presentes con la preservación de los ecosistemas que sostienen la vida.
